En un escándalo que cuestiona profundamente la integridad de las instituciones ambientales del Quindío, la empresa Don Pollo S.A.S., representada por Juan Carlos Uribe, enfrenta una serie de investigaciones activas por presuntos daños ambientales relacionados con su actividad avícola. Sin embargo, la imparcialidad de estos procesos ha sido severamente cuestionada, ya que el mismo Uribe se desempeña como consejero directivo en la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), la entidad encargada de juzgar sus posibles faltas.
¿Conflicto de intereses?
La recusación de Juan Carlos Uribe se dio después de que se diera conocer desde finales del año pasado que, como miembro del consejo directivo de la CRQ, participó en la elección de los directores que decidirían sobre las investigaciones en su contra. Esta situación no solo pone en duda la transparencia del proceso, sino que también desvela una grave vulnerabilidad en el sistema de control ambiental del departamento. ¿Cómo es posible que alguien que podría beneficiarse directamente de la decisión sobre su caso tenga un rol decisivo en la elección de quienes lo juzgarán?
Investigaciones Activas y Procesos Estancados
La situación de Don Pollo S.A.S. es especialmente preocupante debido al tiempo prolongado que han llevado las investigaciones sin resolverse. A continuación, se detallan los procesos sancionatorios ambientales en curso contra la empresa, que han sido gestionados por la Subdirección de Regulación y Control Ambiental de la CRQ:
- Proceso No. 18004-23: Iniciado el 27 de noviembre de 2023, este proceso aborda el manejo inadecuado de residuos sólidos y peligrosos en las granjas operadas por Don Pollo. Durante las visitas técnicas realizadas en marzo y septiembre de 2022, se evidenciaron serias deficiencias en la gestión de residuos, incluyendo la falta de bodegas de acopio temporal y la ausencia de planes de contingencia. A pesar de que se han realizado acciones correctivas, como la adecuación de puntos de acopio y la presentación de planes de gestión, el proceso continúa sin un fallo definitivo.
- Proceso No. RSYP 582: Relacionado con la granja La Porcelana, este proceso se inició tras una visita técnica el 30 de marzo de 2022. Se detectaron deficiencias graves, como la inexistencia de bodegas de acopio temporal para residuos peligrosos y la falta de inscripción como generadores de residuos peligrosos ante la CRQ. Aunque se han presentado algunas mejoras, como la inscripción en la plataforma RESPEL del IDEAM y la presentación de certificados de disposición final, el proceso sigue sin resolución.
- Proceso No. RSYP 583: Vinculado a la granja San Julián de Praga, este proceso también comenzó tras una visita técnica el 30 de marzo de 2022. Los hallazgos incluyeron la falta de un plan de gestión integral de residuos peligrosos y la ausencia de una bodega adecuada para el acopio de estos residuos. A pesar de las correcciones implementadas, este proceso, al igual que los anteriores, lleva más de dos años sin fallo.
- Proceso No. RSYP 584: Corresponde a la granja Aguas Claras 1 y se basa en una visita técnica realizada el 30 de marzo de 2022. Entre los problemas identificados, se encuentra el almacenamiento inadecuado de residuos peligrosos y la falta de un gestor final autorizado para su disposición. Este proceso, al igual que los anteriores, sigue estancado, sin una resolución que permita avanzar en la protección del medio ambiente.
Estos procesos, que suman más de dos años de inacción por parte de la CRQ, subrayan una grave crisis en la gestión ambiental del departamento. La falta de fallo en estos casos genera una creciente desconfianza en la ciudadanía, que percibe un claro conflicto de intereses que favorece a la empresa sancionada.
Procesos estancados por casi una década:
- Proceso No. 026-2014: Iniciado el 30 de mayo de 2014, este proceso aborda presuntos vertimientos de aguas residuales no domésticas por parte de Don Pollo S.A.S. Este proceso lleva más de nueve años sin un fallo definitivo, una dilación que plantea serias preguntas sobre la eficiencia y la imparcialidad del sistema de control ambiental.
- Proceso No. 067-2014: Iniciado el 15 de enero de 2015, este proceso se refiere a la presunta falta de concesión para la intervención en un distrito de conservación. A pesar de haber transcurrido casi una década desde su apertura, este proceso sigue en la etapa de proferir pliego de cargos, lo que denota una preocupante lentitud en la actuación de la CRQ.
- Proceso No. 087-2016: Relacionado con el presunto incumplimiento de los estándares de emisiones admisibles, este proceso se abrió el 20 de octubre de 2016. Aunque las irregularidades fueron detectadas hace más de siete años, aún no se ha avanzado hacia una resolución definitiva.
Adicionalmente, la empresa Mi Pollo S.A.S., también vinculada a Juan Carlos Uribe, enfrenta su propio proceso sancionatorio:
- Proceso No. 005-2015: Iniciado el 18 de febrero de 2015, este proceso está relacionado con el presunto aprovechamiento forestal indebido y la intervención en un área forestal protectora. Al igual que los procesos de Don Pollo, este expediente ha estado estancado durante casi una década.
La Respuesta de la Procuraduría
Ante la creciente presión pública, la Procuraduría General de la Nación se pronunció mediante el Oficio No. 850 del 21 de diciembre de 2023, en el cual expresó su preocupación por las posibles irregularidades en la gestión de la CRQ respecto a las investigaciones sobre Don Pollo y otras empresas en la región. La Procuraduría destacó la gravedad de las presuntas infracciones ambientales, que podrían estar causando contaminación en suelos, cuerpos de agua y la atmósfera, afectando directamente a las comunidades cercanas.
Además, la Procuraduría ha solicitado a la CRQ que se pronuncie de manera clara y que tome las medidas necesarias para garantizar un proceso transparente y justo. Hasta el momento, la CRQ ha mantenido silencio o ha dado respuestas insuficientes, lo que ha exacerbado la desconfianza de la ciudadanía y las organizaciones vigilantes.
Insuficiencias en el Control y Seguimiento Ambiental
Los documentos revelan que la CRQ, en sus visitas técnicas a los predios operados por Don Pollo, ha identificado varias irregularidades relacionadas con la gestión de residuos peligrosos, la falta de planes de contingencia adecuados y la carencia de bodegas de acopio temporal en conformidad con la normativa vigente. Aunque la empresa ha implementado algunas acciones correctivas, estas medidas se perciben como insuficientes o tardías frente a la magnitud de los problemas reportados.
“Contraloría revela presuntas fallas en el cobro de la tasa retributiva por parte de la CRQ: Solo 2 de 38 Sedes de Don Pollo cumplen con el tributo”
La Contraloría General de la República ha emitido un pronunciamiento crítico respecto al análisis financiero de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) durante la vigencia fiscal de 2023. El hallazgo número 9, correspondiente a los registros de la Tasa Retributiva, revela que de las 38 sedes de la cadena avícola Don Pollo en el departamento del Quindío, solo dos cumplen con el pago de este impuesto. De manera similar, solo una de las 14 sedes de Mí Pollo estaría pagando con dicho tributo. Este hallazgo pone en evidencia posibles inconsistencias en la gestión y cobro de la tasa por parte de la CRQ, lo que podría significar una pérdida significativa de recursos destinados a la conservación y recuperación del medio ambiente en la región.
La tasa retributiva es un impuesto que se cobra a los generadores de vertimientos contaminantes, con el propósito de mitigar los impactos ambientales de sus actividades. En este caso, la CRQ ha sido señalada por no adelantar procesos efectivos de identificación y verificación de posibles sujetos de cobro de esta tasa. Según el informe de la Contraloría, existen 2,737 razones sociales en el Quindío que podrían estar generando elementos o sustancias contaminantes, pero que no han sido adecuadamente registradas ni evaluadas por la CRQ para determinar si deben contribuir con este impuesto. Esta falta de gestión y control por parte de la entidad ambiental no solo contraviene la normativa ambiental vigente, sino que también disminuye los recursos necesarios para la protección del medio ambiente.
La Contraloría ha resaltado las debilidades en el control y los sistemas de información de la CRQ, así como la falta de gestión efectiva para identificar nuevos usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva. La entidad ha criticado la falta de evidencia técnica presentada por la CRQ para justificar su gestión en el cobro de este tributo, subrayando que la información proporcionada no cumple con los criterios requeridos por la normativa. Esta situación, según la Contraloría, ha sido comunicada en auditorías anteriores sin que se hayan tomado medidas correctivas. Ante este panorama, la Contraloría ratifica el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, indicando la necesidad urgente de que la CRQ adopte medidas más rigurosas y transparentes en su gestión para garantizar un adecuado recaudo de la tasa retributiva y así asegurar la inversión en la conservación del medio ambiente del Quindío.
La ciudadanía denuncia
En un reciente video publicado a través de nuestras redes sociales, un grupo de ciudadanos residentes en el sector del parque de recreación en Armenia manifestaron su inconformidad por presuntos daños en la quebrada “La cristalina”. Los denunciantes afirman que el olor a sangre y contaminación provienen de posibles fallas en el manejo de los vertimientos de la empresa Don Pollo.
Desde la autoridad ambiental alegan que los daños vienen mucho antes del lugar de disposición de los vertimientos de la mencionada empresa, sin embargo, la ciudadanía afirma que llevan años denunciando este tipo de hechos y solamente después de la denuncia hecha publica en Quindío Noticias la autoridad tomó realmente cartas en el asunto.
Un Llamado a la Transparencia
Este caso pone en relieve la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las entidades ambientales, asegurando que sus procesos sean transparentes y exentos de cualquier tipo de influencia externa. La situación de Don Pollo es un claro ejemplo de cómo los intereses privados pueden interferir en el cumplimiento de las leyes ambientales, con consecuencias potencialmente devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales.
El futuro de la gestión ambiental en el Quindío depende de la capacidad de las autoridades para actuar con independencia y rigor frente a los poderosos intereses económicos. La ciudadanía y las organizaciones de control social continuarán vigilantes, esperando que las acciones de la Procuraduría y otras entidades responsables que conduzcan a la verdad y a la justicia en este caso emblemático que recientemente tuvo eco tras la participación activa del gobierno nacional a través de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en recientes declaraciones a la opinión pública.