Son entre 300 y 400 hectáreas de banano comprometidas, por lo que esta comunidad hizo un llamado al Gobierno.
El diputado de Antioquia, Camilo Calle, realizó una denuncia en la que menciona la suspensión de actividades en siete fincas bananeras, en el Urabá antioqueño. Esta situación, de acuerdo con Calle, dejó a cientos de familias en una situación compleja e incluso detalló que los afectados se encuentran sin respuestas, ni apoyo.
«Queremos alzar la voz por los trabajadores y trabajadoras de más de siete fincas en Urabá. Fincas bananeras que cesaron actividades hace más de un año y cuyos trabajadores fueron abandonados, dejados sin prestaciones sociales, con deudas de salarios y librados al azar y nadie les brinda una respuesta», señaló.
El diputado, Camilo Calle con este llamado pretende garantizar a la agroindustria del banano, que según indicó está atravesando un momento difícil y también a sus trabajadores la garantía de derechos con el pago de las deudas laborales. Indicó la importancia de poder solucionar esta situación para no generar un problema social que están viviendo estas familias y que podría multiplicarse.
Por su parte, Arley Graciano Higuita , uno de los trabajadores afectados, quien desempeñó su labor en la finca Villa Argelia, en el Congo, municipio de Apartadó contó que en este momento solo hay siete trabajadores, después de haber tenido más de 27.
Además, señaló que, desde hace más de un año, comenzaron a atrasarse con el pago de las prestaciones sociales, que se descontaban a los trabajadores, pero que no se pagaban.
«Nosotros comenzamos el cese de actividades el 29 de mayo, los otros comenzaron en abril, hace más de un año padeciendo. Un trabajador de una finca se murió esperando que le pagaran la seguridad social para ir al médico y se murió«, explicó.
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A parte de las más de 200 familias afectadas por la situación, añadió que son entre 300 y 400 hectáreas de banano. Allí retrata la problemática y por eso pide que se les ayude. Por otro lado, indicó que por esta situación realizó la denuncia respectiva pertinente al Ministerio del Trabajo. «hice la denuncia a la Procuraduría, denunciando al Ministerio del Trabajo, por extralimitarse en las funciones. Con nosotros hicieron algo que es indebido. La denuncia está radicada en la Procuraduría de Medellín», sentenció.
Las familias afectadas piden no ser olvidados, y que tanto el presidente de la República Gustavo Petro, como la ministra de la Cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez nombren una comisión que pueda ayudarlos ante esta situación.