El Movimiento Social de Mujeres expuso ante el Concejo Distrital de Cali más 55 casos sistemáticos de acoso sexual contra niñas y adolescentes en instituciones educativas oficiales de Cali.
Noticias Cali.
Desde la Secretaría de Educación de Cali se emitió un nuevo decreto que busca proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en las instituciones educativas de la ciudad.
Denunciaron acoso sexual a estudiantes en instituciones en Cali
Esta decisión se toma, luego de un año de lucha por parte del Movimiento Social de Mujeres Cali, con apoyo con el concejal Terry Hurtado, lograron que surgieran estas modificaciones.
El nuevo Decreto 0346 de 2023, anula la pasada normatividad 0309 de 2021, el cual fue muy criticado por sus falencias, al no lograr alejar a los profesores señalados de violencia sexual de la comunidad estudiantil.
En esta, se estipulaba que un docente investigado por algún delito sexual debía ser trasladado a otra institución educativa, exponiendo a otros estudiantes.
Como el Navia Varón: En el INEM, la Normal Superior y en Bellas Artes ya hubo denuncias de acoso sexual
«Precisamente esto era lo que venía advirtiendo el Movimiento Social de Mujeres, quienes denunciaron por lo menos 55 casos en instituciones educativas oficiales y aportaron pruebas fundamentales para que este logro se pudiera dar», explicó Terry Hurtado, concejal.
¿Cuáles son los puntos importantes de este decreto?
El nuevo decreto protege a estudiantes de instituciones educativas oficiales, pero también privadas de educación formal regular, de educación para el trabajo y desarrollo humano o inscritos en centros de enseñanza automovilística y educación informal.
En tanto se resuelve la situación legal, no tendrá contacto con los estudiantes en el espacio físico de la institución educativa.
Instituciones educativas oficiales deberán incluir en su manual de convivencia disposiciones sobre la garantía de protección de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes.
La institución deberá guardar reserva y confidencialidad de la información, datos sensibles que hagan parte del protocolo de atención y no pondrá en duda la versión de la víctima ni la confronta con su presunto agresor.
Rectores o coordinadores deberán dar apertura al protocolo de atención.