Martha Jara Morales, una mujer de 62 años que ha dedicado más de 16 años de su vida al servicio público, hoy enfrenta una situación crítica. A pesar de su larga trayectoria como Auxiliar de Servicios Generales en la Institución Educativa Zuldemayda, la administración municipal, encabezada por el Alcalde James Padilla García y la Secretaria de Educación Paula Huertas, decidieron terminar su vinculación, ignorando completamente las condiciones de salud y la situación socioeconómica de Martha, quien es el único sustento de su madre enferma.
La Problemática de Martha Jara Morales
Desde el 24 de diciembre de 2007, Martha Jara Morales ha trabajado para la Secretaría de Educación de Armenia. Durante estos años, fue nombrada en propiedad en 2014, lo que significaba una estabilidad laboral que le permitía enfrentar sus responsabilidades familiares y de salud. Sin embargo, en marzo de 2024, se le notificó la terminación de su contrato, una decisión que ha puesto en riesgo no solo su estabilidad económica, sino también su vida y la de su madre.
Martha no es solo una trabajadora más. Es una persona en condición de prepensión, lo que significa que está a pocos años de cumplir con los requisitos para acceder a su pensión de vejez. Además, enfrenta graves problemas de salud, incluyendo flebitis y tromboflebitis, condiciones que han requerido cirugías recientes y la colocan en una situación de vulnerabilidad manifiesta. Para agravar la situación, es madre cabeza de hogar, y su madre, Marleny Morales, depende totalmente de ella para su cuidado.
El Fallo del Juzgado: Responsabilidad de la Administración Municipal
El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Garantías de Armenia determinó a través de un fallo el pasado mes de julio que tanto el Alcalde James Padilla García como la Secretaria de Educación Paula Huertas vulneraron gravemente los derechos fundamentales de Martha Jara Morales. La administración municipal no consideró sus graves problemas de salud, su situación de prepensionada, ni su responsabilidad como madre cabeza de familia al tomar la decisión de desvincularla de su cargo.
El juzgado destacó varias fallas críticas:
- Desvinculación Sin Consideración de Su Situación de Salud:
- Martha Jara Morales padece graves problemas de salud, incluyendo flebitis y tromboflebitis, lo que le ha causado serias limitaciones físicas y le ha obligado a someterse a intervenciones quirúrgicas para extraer trombos en sus piernas. El juzgado determinó que la administración municipal, representada por James Padilla y Paula Huertas, no tomó en cuenta estas condiciones al proceder con su despido, violando el derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud. La jurisprudencia constitucional establece que en casos de enfermedad grave, los empleados deben recibir un trato preferencial, lo cual no fue respetado en este caso.
- Omisión de Reubicación Laboral:
- A pesar de que la ley y la jurisprudencia exigen que, antes de proceder al despido de un trabajador en situación de vulnerabilidad, se deben agotar todas las opciones para su reubicación en un puesto similar, la administración no hizo ningún esfuerzo en este sentido. El juzgado resaltó que el Municipio de Armenia, bajo la dirección de Padilla y Huertas, incumplió con su obligación de buscar alternativas para que Martha Jara Morales pudiera continuar desempeñando sus funciones en otro cargo, afectando directamente su derecho al mínimo vital y su dignidad humana.
- Ignorar Su Condición de Prepensionada y Madre Cabeza de Familia:
- Martha Jara Morales se encuentra en una situación de prepensión, dado que está próxima a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Además, es madre cabeza de hogar, responsable de su madre, Marleny Morales, quien también depende de su ingreso para su cuidado y manutención. El fallo del juzgado subrayó que la administración debió haber considerado estas circunstancias, que la colocan dentro de un grupo protegido por la Constitución y las leyes colombianas. La decisión de desvincularla sin contemplar su especial protección constitucional constituye una grave violación de sus derechos fundamentales.
- Falta de Aplicación de Medidas Afirmativas:
- El juzgado criticó la falta de aplicación de medidas afirmativas por parte de la Secretaría de Educación, dirigida por Paula Andrea Huertas, y la administración municipal en general. Las medidas afirmativas son acciones concretas que deben tomar las entidades públicas para proteger a trabajadores en situación de vulnerabilidad, como lo son los prepensionados, personas con discapacidades, o madres cabeza de hogar. En este caso, la omisión de tales medidas llevó a la vulneración de los derechos fundamentales de Martha Jara Morales.
Según confirmó doña Martha al medio Quindío Noticias, en múltiples ocasiones ha intentado buscar al alcalde James Padilla pero este se niega a recibirla en su oficina.
Opinión
Un Llamado a la Reflexión y a la Acción
Este caso debe ser un llamado de atención para la administración municipal de Armenia. El Alcalde James Padilla García y la Secretaria de Educación Paula Huertas tienen la responsabilidad de proteger a los trabajadores más vulnerables, no de dejarlos en la incertidumbre y en la pobreza.
Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para restituir los derechos de Martha Jara Morales. Esto incluye su reubicación en un puesto que le permita continuar con sus responsabilidades laborales y familiares, asegurando que no quede desprotegida en este momento crucial de su vida.
Además, es necesario que la administración municipal reflexione sobre sus políticas y su trato hacia los empleados en condiciones de vulnerabilidad. Gobernar no solo implica administrar recursos, sino también cuidar y proteger a quienes, como Martha, han dedicado años de su vida al servicio público. La verdadera grandeza de un gobierno se mide por cómo trata a los más desfavorecidos, y en este caso, hay una gran deuda por saldar.
Alcalde Padilla García y Secretaria Huertas, es el momento de actuar con justicia y compasión. Armenia necesita líderes que trabajen en favor de todos sus ciudadanos, especialmente aquellos que más necesitan de su protección. Restituir los derechos de Martha Jara Morales no solo es un acto de justicia, sino un paso necesario para demostrar que en Armenia, la dignidad y el respeto hacia los trabajadores son valores que se defienden y se practican.