Los acuerdos alcanzados por el alcalde de Cali con la denominada ‘unidad de resistencia de Cali’, ha desatado una dura controversia. Algunos sectores advierten que el mandatario local le dio estatus de legalidad a quienes bloquean la ciudad.
“Una cosa es el diálogo y otra es violentar la ley. Los bloqueos no se pueden legalizar, el derecho constitucional que tiene la gente a protestar pacíficamente, lo comparto; pero un bloqueo no es una protesta pacífica”, aseguró el concejal del Partido Conservador, Fernando Tamayo.
Por su parte, Jesús Darío González, secretario de Bienestar Social de Cali aseguró que; “En esa protesta hemos tenido situaciones muy críticas. Instaurar un proceso de diálogo y concertación de las dinámicas de normalización de la ciudad, no es algo que resuelva de manera arbitraria”.
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Y añadió que, “Hemos sido claros, en que hay un marco constitucional; y en ese marco hemos establecido un diálogo y reconocido unos manifestantes que; insisten en unas garantías y que van buscando un espacio de inclusión social, que toda la ciudadanía ha estado buscando”, señaló.
De otro lado, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, salió al paso a los cuestionamientos y dio su explicación del por qué; se sentó a dialogar con los jóvenes de la llamada “primera línea del paro”.
“La constitución privilegia el derecho a la vida; la ley privilegia el diálogo por encima de cualquier mecanismo y en ese sentido no estamos violando la ley, ni la significancia presidencial. El acuerdo con los jóvenes de ‘resistencias’ está enmarcado con una directriz del propio ministerio del Interior del presidente Duque”, aseguró el alcalde.
Además, dijo que es la extrema derecha la que intenta incendiar la ciudad, pero que él le apuesta al diálogo.
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