En un esfuerzo por mitigar el hacinamiento en las estaciones de Policía y garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, la Alcaldía de Cali y la Dirección Regional Occidental del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Noticias Cali.
Despues de 18 años, se firma formalmente el acuerdo entre la Alcaldía de Cali y el INPEC para transferir a las personas privadas de la libertad sindicadas a centros penitenciarios nacionales.
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El convenio busca descongestionar los sitios temporales de reclusión y asegurar mejores condiciones para las personas con medida de aseguramiento preventiva.
En los primeros meses de la actual administración, liderada por el alcalde Alejandro Eder, se llevaron a cabo mejoras en la infraestructura de tres estaciones de Policía (El Diamante, Alfonso López y Marianos Ramos), con el objetivo de brindar espacios más adecuados para la población privada de la libertad.
Además, se contempla la creación de un centro de detención transitorio y, a largo plazo, la construcción de una cárcel Distrital, proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.
Inversión y apoyo institucional
El acuerdo, que no se veía en la ciudad desde hace 18 años, tiene un componente financiero clave: la Alcaldía de Cali destinará 2.000 millones de pesos para mejorar las condiciones de reclusión de los sindicados, recursos que se emplearán para la entrega de kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí.
«Este convenio es una respuesta a nuestra estrategia de corto plazo para cumplir con los mandatos constitucionales que protegen a esta población», señaló Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital. Por su parte, Guillermo Andrés González, director regional del INPEC, destacó que esta alianza es una muestra de cómo la cooperación interinstitucional puede ayudar a resolver problemáticas urgentes como el hacinamiento.
Un compromiso normativo
La inversión en la población sindicada no solo es una prioridad social, sino también un mandato legal. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los entes territoriales tienen la responsabilidad de gestionar centros de reclusión para los sindicados en sus jurisdicciones. Esto implica la asignación de recursos en los presupuestos municipales y departamentales para garantizar el funcionamiento y mantenimiento de los centros penitenciarios.
El convenio firmado entre la Alcaldía de Cali y el INPEC marca un avance en la búsqueda de soluciones a la sobrepoblación carcelaria
Este convenio busca descongestionar las estaciones de @PoliciaCali y garantizar condiciones seguras para las personas privadas de la libertad.
A mediano plazo, se espera adecuar un centro de detención transitorio y a largo plazo, se trabaja para contar con una cárcel Distrital. pic.twitter.com/mJr7N1OBzc
— Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) October 7, 2024