Padres piden a autoridades actuar, mientras expertos creen que debe abrirse el debate que garantice derechos de los niños y de consumidores.
La Policía Metropolitana de Bogotá y otras autoridades han impuesto durante el año 2023 un total de 20.506 comparendos -con corte al 14 de mayo- por porte y/o consumo de marihuana y sustancias psicoactivas en zonas y espacios públicos, solamente en Bogotá.
La cifra fue conocida por RCN Radio días después de revelarse el fallo de la Corte Constitucional, mantuvo la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos como lo son los parques en los barrios.
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La providencia permite, no obstante, que los Consejos distritales y municipales regulen y establezcan los mecanismos para atender esta situación en beneficio de los derechos de los menores de edad, pero también teniendo en cuenta el respeto por el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los adultos.
Con esta decisión, que se dio a conocer a principios de mayo, queda en manos de las autoridades regionales encontrar la manera para que los cuerpos de policía respondan a las llamadas de ciudadanos reportando consumidores públicos.
Este es un tema que divide la opinión, pues algunos ciudadanos que residen en barrios con un parque cercano consideran que se deben respetar los espacios destinados para niños, pero también se pueden establecer espacios adecuados para este propósito.
“En lo personal como padre de familia lo considero inadecuado. Los derechos de los niños priman sobre los adultos. Ahora bien, el hecho de que un adulto fume y tenga derecho a consumir su dosis personal deberá dirigirse a sitios más adecuados, a zonas más boscosas, pero nunca cerca de los niños porque ahí estamos incitando a consumir o a oler”, dijo Manuel Medina, padre de familia.
Sin embargo, hay quienes rechazan tajantemente que se considere el permiso condicionado, pues opinan que las medidas deben ser más estrictas y enfocadas a la concientización de las afectaciones para adultos y menores.
“No estoy de acuerdo con el consumo de la dosis mínima en espacios públicos, mucho menos en parques que es el lugar de recreación y esparcimiento de los niños. El gobierno debería implementar leyes más estrictas con relación a este tema”, aseguró Adriana Ortega.
John Rodríguez, entretanto, dijo que “jamás estaría de acuerdo con el consumo de la dosis mínima en los parques y mucho menos cerca de los niños. Más bien el gobierno deberían hacer campañas de concientización sobre el efecto nocivo que tienen las drogas y más cerca de los niños”.
Aunque la decisión de la corte intenta proteger principalmente a los niños, para los expertos el debate y las acciones no deberían enfocarse en los consumidores sino en los comercializadores que extienden el microtráfico en barrios y zonas residenciales.
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“La mirada de seguridad no puede seguirse volcando al consumidor, sino tiene que volcarse al expendedor, al que vende la droga, al del microtráfico, al que está cometiendo el delito. Pero además el consumo debe tener un límite en los espacios que son públicos para el disfrute y goce de estos espacios por parte de otras personas”, aseguró Andrés Nieto, experto en seguridad.
Resaltó que los espacios deben adecuarse, para que cuenten con redes de cuidado para que se usen con un propósito correcto y evitar la estigmatización del consumidor, pues este es un tema de salud pública.
La responsabilidad ahora recae sobre el trabajo que harán las autoridades locales para encontrar un punto medio que cuide a niños, pero no perjudique el goce de derechos fundamentales de los consumidores.