Una de las zonas más afectadas en la movilidad fue la calle 26 con carrera 37
Una nueva jornada de protestas se registró en varias zonas de Bogotá, por parte de integrantes de las llamada ‘Primera línea’.
Las marchas se llevaron a cabo por la avenida La Esperanza, la calle 13 sobre la carrera 32 en la sede de la Universidad Distrital sede centro, y en la calle 26 con carrera 37, sectores que se vieron afectados en la movilidad.
El caso más grave se dio en la sede de la Fiscalía General de la Nación, en dónde encapuchados comenzaron a lanzar piedras contra las puertas para tratar de ingresar al sitio. Ante la situación, fue necesaria la intervención de integrantes del grupo ESMAD que obligaron a los manifestantes a retirarse de la sede.
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Estos jóvenes pintaron las paredes y algunos separadores metálicos que estaban en las afueras del ente acusador.
Por medio de estas manifestaciones, los encapuchados estaban exigiendo que sean liberados sus compañeros de la ‘Primera Línea’ que fueron detenidos en el año 2021 en medio de disturbios, en los que afectaron estaciones de Transmilenio, dañaron buses de servicio público y destruyeron por lo menos 13 CAI en Bogotá.
Algunos de los marchantes aseguraron que se estaban manifestando de manera pacífica exigiendo la liberación de algunos de sus compañeros que se encuentran detenidos en las cárceles de Bogotá, por según ellos, estar exigiendo ayudas para que las sedes de las Universidades Distritales, Pedagógica y Nacional sean arregladas debido al avanzado deterioro en que se encuentran.
Los manifestantes debieron retirarse de la calle 26 debido al fuerte aguacero que cayó en gran parte de la ciudad.
Por su parte, la alcaldesa Claudia López consideró que las personas están en su derecho de expresar sus molestias, sin que ello les permita afectar a los ciudadanos y generar disturbios.
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La alcaldesa López recordó a las personas de la Primera Línea fueron capturadas en actividades de vandalismo, y son investigados por los delitos de concierto para delinquir, atentados contra bienes y servidores públicos, situación por la cual están siendo procesados por las autoridades.