El Consejo de Estado ratificó la decisión que permite a Javier Ocampo mantener su curul como diputado del departamento de Risaralda, luego de una disputa legal iniciada por una demanda de nulidad electoral interpuesta por ciudadanos en su contra.
La demanda solicitaba la anulación del acto de elección y declaraba la inhabilidad de Ocampo para ejercer como diputado tras su elección en los comicios del 29 de octubre.
Según los demandantes, al momento de su inscripción, Ocampo contaba con una anotación en la Procuraduría General de la Nación, relacionada con un proceso fiscal de 2017, cuando era alcalde de La Virginia. Dicho proceso lo responsabilizaba del uso indebido de recursos del Sistema General de Participación para subsidios de servicios públicos destinados a estratos diferentes al objetivo. Por este motivo, se le impuso una sanción de $18.202.603.
No obstante, el pago de la sanción fue efectuado por Ocampo el 24 de agosto del año pasado, lo cual, según el Tribunal Administrativo de Risaralda, significaba que la anotación no generaba impedimento alguno en su proceso de inscripción y elección como diputado. La decisión inicial del Tribunal, emitida el 27 de junio del presente año, fue favorable para Ocampo, pero los demandantes interpusieron una tutela en su contra, la cual finalmente fue resuelta nuevamente a su favor.
De acuerdo con la sentencia, la inhabilidad de un representante político se considera a partir del momento de su posesión y no antes. Así, Javier Ocampo continuará desempeñando su cargo como diputado de Risaralda sin que exista ninguna irregularidad en su proceso electoral.