Jennifer Andrea Zabala Henao, condenada por el delito de violencia contra servidor público, ha logrado cumplir su pena a través de la prestación de servicio comunitario en un hogar de paso para adultos mayores y personas en situación de calle en Armenia, Quindío. Esta medida, enmarcada en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023), permitió a la mujer resarcir su falta en lugar de cumplirla en prisión.
El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá-Quindío, responsable del caso de Jennifer, aplicó esta ley innovadora, permitiéndole colaborar con la ONG Confraternidad Carcelaria de Colombia. Durante su servicio, Jennifer prestó apoyo a poblaciones vulnerables, demostrando un compromiso significativo con la comunidad y obteniendo una segunda oportunidad para redimirse.
“Yo creo que todas las personas cometemos errores y ningún ser humano está libre de cometerlos. Por eso necesitamos una segunda oportunidad. No se puede juzgar a nadie porque no sabemos qué necesidades tenga. Fue muy diferente a estar en una cárcel porque en mi caso yo pude estar con mi familia y ayudarla”, expresó Jennifer, reflejando el impacto positivo que esta oportunidad ha tenido en su vida.
El servicio comunitario prestado por Jennifer consistió en actividades de apoyo en un hogar de paso, promoviendo la justicia restaurativa y el bienestar de las personas en situación de calle y adultos mayores. La Confraternidad Carcelaria de Colombia, una organización no gubernamental enfocada en la justicia restaurativa, facilitó su integración y colaboración en estas labores.
La Ley de Utilidad Pública, vigente desde 2023, ofrece una alternativa a la privación de libertad mediante la ejecución de actividades de impacto social. Jennifer se ha convertido en la primera mujer en cumplir su condena a través de esta modalidad, un hito que marca un cambio significativo en la política penal del país. En los 10 meses desde la promulgación de esta ley, 59 mujeres han recibido la oportunidad de cumplir sus penas mediante servicios comunitarios.
Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, destacó: “Tras algo más de 10 meses de la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, hoy tenemos 59 mujeres que están haciendo servicios sociales en vez de estar privadas de la libertad. Jennifer Andrea es la primera mujer que paga su condena con servicios de utilidad pública. Por todo esto consideramos que resocializar es el camino”.
Esta decisión no solo ha beneficiado a Jennifer, sino que también ha fortalecido el tejido social y la atención a poblaciones vulnerables en Armenia, demostrando que la resocialización y el impacto social positivo pueden ser efectivos en el proceso de justicia.