Por Néstor Ocampo
Los daños causados al Bosque urbano “El Barranquero” en Salento (oct. 29 de 2022), son una muestra más de la inutilidad de la CRQ y la administración municipal como “autoridades” para la protección de la naturaleza, la vida y el interés común. Necesitamos otro tipo de entidades ambientales y administrativas, otras normas ambientales y otros funcionarios públicos, idóneos y conscientes de su deber, para poder enfrentar la compleja crisis ambiental que ya se siente en el Quindío. Entidades y autoridades que promuevan y reconozcan la participación ciudadana en el cuidado del territorio en lugar de agredir y desconocer a quienes, como Guillermo Gonzáles Arias (Don Guillo) guardián del bosque, y otras personas, tratan de hacer algo en defensa de la vida.
La respuesta de las “autoridades” ambientales, administrativas y gubernamentales, ha sido la misma actitud favorecedora, complaciente y permisiva que ha facilitado a la multinacional Smurfit Kappa Group (durante 35 años), y a otras multinacionales extranjeras de Chile y Perú (durante 6 años), dañar nuestros ecosistemas sembrando “desiertos verdes” de pinos y eucaliptos o inmensos cultivos comerciales de aguacate Hass para el comercio internacional, desplazando a nuestros campesinos, acabando con la diversidad biológica, estableciéndose en la parte alta de cuencas hidrográficas que nos surten de agua, en áreas protegidas, quitándonos parte del agua y contaminado el resto.
Es la actitud que también mantienen ante quienes promueven el turismo depredador y consumista que consume nuestros “recursos naturales”, nos consume a nosotros como “recursos humanos” y consume nuestras infraestructuras de servicios públicos; o ante quienes urbanizan abusivamente y sin control el campo y la ciudad; o ante quienes convierten al Quindío en granjas avícolas y porcícolas desconociendo normas ambientales y de ordenamiento territorial; o ante empresas que promueven proyectos de generación eléctrica (PCHs) o de conducción eléctrica (Proyecto UPME-02-2009) que no necesitamos; o ante empresas mineras de todo tipo; o ante empresas públicas y privadas que abusan con servicios públicos como acueducto, alcantarillado y recolección y disposición final de basuras. Esa actitud complaciente, incapaz de promover y proteger el bien común, es la que nos ha conducido a la situación de crisis ambiental y social que vive el territorio.
Para enfrentar esta situación necesitamos una CIUDADANÍA EN MARCHA, en las calles y dentro del Estado, trabajando por los cambios que se requieren.