Coordinación y responsabilidad compartida fueron los pilares que guiaron la tercera edición del Comité Departamental de Convivencia Escolar, convocado por la Secretaría de Educación del Quindío. Este encuentro se reunió tanto a otras oficinas del gobierno departamental como a entidades externas, entre ellas directivas escolares, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. El objetivo fue crear estrategias frente a problemáticas como el microtráfico, el abuso sexual, la agresión escolar, el matoneo y otros factores que afectan negativamente la vida estudiantil.
Así lo expresó Ángela María Marín Valencia, directora de Calidad Educativa del departamento, quien destacó que el espacio fue altamente provechoso al permitir construir una posible herramienta útil para actuar directamente en los planteles educativos, a través de la cooperación interna del gobierno del Quindío. Señaló que todas las secretarías relacionadas con temas escolares tienen un papel clave, y en ese sentido, el equipo profesional de su dirección presentó un informe detallado de las intervenciones realizadas en campo, donde no solo se identifican los riesgos presentes, sino también los programas que otras dependencias están implementando en esas comunidades educativas. Además, indicó que se asumieron compromisos que se desarrollarán en mesas de trabajo para consolidar los procesos y ofrecer una respuesta institucional más amplia.
Entre las propuestas presentadas está la inclusión de los “Gestores de Convivencia”, una iniciativa creada durante la administración de Juan Miguel Galvis Bedoya, desde la Secretaría del Interior. Se trata de expertos con experiencia previa en la Policía Nacional, que hoy cumplen con una labor de servicio civil, y que han sido identificados como un recurso adecuado para liderar este tipo de intervenciones. A esto se suma el trabajo de la Secretaría de Familia, que aporta un proceso mediante el programa ‘Ritmo y Reflexión’, liderado por jóvenes que en el pasado hicieron parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y que actualmente acompañan a estudiantes desde una posición de liderazgo positivo.
También se resaltó la importancia de promover el uso del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE una plataforma que permite reportar, de forma confidencial, situaciones que implican riesgos o vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro o en las cercanías de las instituciones. Estas alertas inician una ruta de atención que deben gestionar los rectores, hasta ser derivadas a entidades como el sistema de salud, el ICBF o la justicia penal.
Esta herramienta podría ser clave para abordar situaciones que los propios rectores observan cotidianamente. Así lo afirmó Federman Alfonso, director del Instituto Tecnológico de Calarcá y miembro del comité por haber alcanzado el mejor puntaje en las Pruebas Saber 11 con su institución. Señaló que muchos de estos conflictos tienen origen fuera del entorno escolar, ya que hay estudiantes que carecen de apoyo en casa y ven en la escuela un espacio seguro. “Les mostramos una perspectiva distinta de su realidad, pero al regresar a sus hogares o barrios, se enfrenta a entornos que muchas veces son hostiles”, concluyó.
Fuente: Oficina de Comunicaciones Gobernación del Quindío
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