La alerta se generó tras la masacre de cuatro personas en esta subregión de Antioquia.
Tras la masacre de cuatro personas, en hechos ocurridos entre el municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, y el sur del departamento de Bolívar, organizaciones de derechos humanos le exigieron al Gobierno Nacional varias solicitudes que, según ellos, pueden traducirse en garantías para seguir defendiendo las comunidades.
Entre las exigencias se encuentra la investigación inmediata y exhaustiva sobre la masacre ocurrida el 30 de septiembre, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.
Además, la protección efectiva para los lideres comunitarios y defensores de derechos humanos quienes, según ellos, son blanco de amenazas y agresiones por su labor en pro de la paz y la justicia social.
A esto se le suma, el compromiso real por parte del Estado colombiano para abordar las causas estructurales de la violencia en el Magdalena Medio, incluyendo la promoción de políticas de desarrollo sostenible y la inclusión social.
Pues recordemos que, entre las víctimas, se encontraba el presidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías, Jurisdicción de Cantagallo, Jhon Fredy Pérez, y Jhoana Sepúlveda, quienes eran líderes comunitarios comprometidos con la defensa de los derechos Humanos de su comunidad y la promoción de la paz en la región.
Por esta razón y ante la grave situación de seguridad, las organizaciones sociales temen por la vida de otros líderes comunitarios.
Carlos Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia alertó sobre la grave situación que viven los líderes sociales en el país, especialmente aquellos que ejercen sus labores en el Magdalena Medio antioqueño y el Bajo Cauca.
“Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las autoridades nacionales internacionales para que tomen cartas en el asunto y garanticen la protección de los lideres sociales y defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio. Es imperativo que se implementen medidas efectivas para desmantelar las estructuras paramilitares que operan en la región y se brinde seguridad a la población civil. La violencia no puede ser la respuesta a la búsqueda de justicia y equidad. Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad nacional e internacional para que se unan a nuestra voz y exijan un cambio real en la situación de derechos humanos en el Magdalena Medio”, indicaron las organizaciones en un comunicado.