En un megaoperativo fueron incautados nueve inmuebles, entre ellos un hotel, pertenecientes a las redes de trata para el abuso de menores de edad en Medellín y su área metropolitana.
En un golpe contra la explotación de menores, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos decomisaron estos inmuebles para extinción de dominio.
“Se tomaron medidas cautelares contra nueve inmuebles propiedad de un extranjero y colombianos, los cuales eran un establecimiento de comercio, unas residencias, bienes que eran utilizados para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, bienes calculados por un valor aproximado de 10.500 millones de pesos”, indicó Liliana Jaramillo, delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía.
El valor de los predios se calcula en 10.500 millones de pesos y sobre estos fueron impuestas medidas cautelares. Lo anterior se da en el marco de las investigaciones penales adelantadas por fiscales de la Dirección Seccional de Medellín en casos donde se evidenciaron delitos…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 31, 2024
De acuerdo con la Fiscalía, «estas acciones se dan como resultado de las investigaciones que fiscales de la Seccional Medellín adelantaron contra dos ciudadanos estadounidenses, uno chino y siete colombianos. Los capturados enfrentan procesos por delitos que afectan la integridad sexual de menores de edad».
«Los bienes afectados con las medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión estarían relacionados con casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ocurridos en Medellín y los municipios de Bello y La Estrella (Antioquia)».
Agregó el ente acusador que en desarrollo de estas investigaciones, «la Fiscalía ha logrado cuatro sentencias condenatorias de entre 14 a 19 años de prisión. Los demás procesos judiciales se encuentran en etapa de juicio o a la espera de aprobación de preacuerdos por parte de los jueces de conocimiento de Medellín».
Autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que ayuden a identificar a las personas y predios donde se cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.