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En un gigantesco operativo desarrollado por la Policía Nacional en cooperación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA), se impusieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo del derecho de dominio a 652 bienes, avaluados en más de 50 mil millones de pesos a las propiedades de dos de los cabecillas de la organización criminal del ‘Clan del Golfo’ en seis regiones del país.
Los bienes que irán a extinción de dominio serían parte de la estructura armada en asocio con la Oficina de Envigado, así como alias ‘El Tuzo’ y alias ‘Pipón’, narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos.
Las propiedades están ubicadas en Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Casanare.
El director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), general Fernando Murillo, explicó que durante 12 meses duró la investigación en la que se identificó que los bienes pertenecían a un testaferro de alias ‘El Indio’, principal cabecilla del ‘Clan del Golfo’, quien murió en marzo de 2018 en medio de los operativos de la Fuerza Pública.
También se estableció que este testaferro también trabajaba con otros narcotraficantes que se encargaban de la planificación y ejecución del envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos, como parte de los negocios de la organización criminal a la que pertenecía.
«Dada la facilidad para comprar ganado bovino y equino, estas personas efectuaban inyección de capitales de orígenes ilícitos producto del narcotráfico, siendo este el modus operandi de la organización para adquirir y tratar de justificar ingresos económicos con los que adquirían otras propiedades, generando con ello mezcla de dineros lícitos con ilícitos», señaló la Dijín de la Policía Nacional.
Se habrían constituido varias sociedades comerciales en los que se logró establecer por parte de la Dijín, que no tenían capacidad económica ni para hacer parte de ellos ni tampoco para hacer los aportes a capital y luego de estar constituidas formalmente, se adelantaban operaciones de compra y venta de bienes a través de familiares.
Expertos forenses en análisis financieros y contables determinaron que los supuestos dueños de estas propiedades no tenían la capacidad económica para comprarlos, pero en cambio sus patrimonios se incrementaron injustificadamente en más de 6.000 millones de pesos en 4 años.
Los 652 bienes que irán a extinción de dominio son: 26 inmuebles, 17 vehículos, dos sociedades comerciales, tres establecimientos de comercio, 24 equinos y 580 bovinos de raza Brahaman al igual que, un criadero de caballos en el departamento de Bolívar que ha obtenido premios a nivel internacional.
Todos los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).