Children walk on the bank of the Amazonas river at sunset, on September 13, 2016, in Santa Sofia, department of Amazonas, Colombia. The Amazonas river is considered the mightiest river in the world, and its longuitud is about 7062 km, born at the top of the Peruvian Andes and ends at the Atlantic Ocean. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)
.fb-comments,.fb-comments span,.fb-comments span iframe[style]{min-width:100%!important;width:100%!important}
La Corte Constitucional envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) toda la información que tiene sobre hechos de desplazamiento forzado durante el conflicto armado, incluso los problemas relacionados con la atención que distintas autoridades dan a los desplazados.
La entrega de esa información hizo parte de una petición de la JEP en el marco de las investigaciones por el caso 09 sobre “los crímenes cometidos contra los Pueblos y Territorios étnicos” ubicados en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía, Guaviare, Meta, Casanare, Vichada, Arauca, Norte de Santander y Boyacá.
En el 2004 la Corte Constitucional declaró la vulneración masiva de derechos a las víctimas de desplazamiento a través de un fallo de tutela contra el Gobierno por la falta de atención a las víctimas.
En medio del seguimiento a ese fallo para superar la crisis, la Corte ha emitido cerca de 80 autos entre ellos uno que hace referencia a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, otros sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes victimas del desplazamiento y otro sobre los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado.
La Corte ha dicho que “los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento forzado son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el país”.
En otro de los autos sobre la comunidad awá, la Corte ha advertido que su atención “ha sido muy deficiente y precaria, frente a la dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta, precisamente porque la respuesta dada a sus requerimientos ha sido escasa y no ha tenido, en la práctica, repercusiones en términos de goce efectivo de sus derechos, que le permita, como comunidad étnica desplazada y confinada con protección constitucional reforzada, disfrutar efectivamente de sus derechos”.
El caso 09 sobre desplazamiento en la JEP hace parte de los macrocasos que abrió esa jurisdicción de paz para esclarecer los hechos sucedidos durante el conflicto.