En lo que va del 20204, el alcalde de San Rafael, Oriente de Antioquia ha recibido tres amenazas de muerte.
Luego de la detención de los vehículos de la Unidad Nacional de Protección donde se movilizaban 18 disidentes de las Farc, 14 diputados de Antioquia consideraron inadmisible que el Gobierno Nacional destine recursos a la seguridad de quienes en el pasado pusieron en riesgo la seguridad y estabilidad del país, incluso algunos de ellos con orden de captura, mientras alcaldes, concejales y líderes sociales se encuentran desprotegidos y vulnerables ante actos de violencia que podrían ser prevenidos con un adecuado respaldo por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Además, los diputados rechazaron el aumento en los recursos asignados para la protección de excombatientes del conflicto armado colombiano que ha dejado en un segundo plano la protección de los representantes del pueblo quienes trabajan por el bienestar de la región. Los funcionarios afirmaron que, esta situación representa una alarmante falta de equilibrio y considerable por la seguridad de quienes son blanco de constantes amenazas debido a su papel en la promoción de la justicia. “Mientras el alcalde de Toledo, el alcalde de San Rafael, se encuentran amenazados, no encuentran respuesta del Estado para que los proteja con un esquema de seguridad, con carros blindados, estos criminales sí lo hagan y se desplacen fuertemente custodiados teniendo aún órdenes de captura vigente”, dijo el general Martínez.
Cabe recordar que el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, general (r) también rechazó esta situación.
“Mientras el alcalde de Toledo, el alcalde de San Rafael, se encuentran amenazados, no encuentran respuesta del Estado para que los proteja con un esquema de seguridad, con carros blindados, estos criminales sí lo hagan y se desplacen fuertemente custodiados teniendo aún órdenes de captura vigente”, dijo el general Martínez.
En ese sentido los diputados hacen un llamado urgente para que el Gobierno Nacional cumpla lo establecido en la Constitución y se garantice la seguridad de los representantes, además exigen que se tomen acciones inmediatas para rectificar esta situación y se proporcione la protección necesaria para desempeñar sus funciones.