El agresor que secuestró, abusó sexualmente y lanzó al vacío a su expareja, deberá pagar una multa de $2.400 millones.
La FM de RCN Radio conoció que la justicia colombiana acaba de emitir una histórica sentencia por intento de feminicidio en Bogotá, al condenar a más de 21 años de cárcel y al pago de una multa de más de 2.400 millones de pesos al hombre que durante una semana secuestro, abuso y lanzó al vacío a su expareja en 2020, mientras ella pedía auxilio.
Se trata de un fallo de sentencia de un juez especializado de Bogotá, en el que se halló culpable a José María Ortega Niño, por este caso de intento de feminicidio de María Alejandra Rojas Cipagauta, que se registró entre el 23 y el 31 de agosto de 2020, durante la época de pandemia derivada por el covid-19.
Según el fallo se demostró que Ortega Niño agredió tanto física como verbalmente, sometiéndola a toda clase de vejámenes y actos de barbarie a su expareja.
En una oportunidad, “Ortega Niño la obliga a ingresar…al baño y coloca una silla en la ducha obligando a María Alejandra a estar allí sentada debajo de la regadera por varias horas”, se indicó.
Así mismo, la Fiscalía relató en juicio que “en una ocasión, valiéndose de violencia física, el procesado (abuso sexualmente de manera violenta) a la víctima (…) Con posterioridad a ese evento, los actos de violencia se intensifican.
La víctima de este caso advirtió que “efectivamente su vida corría peligro, por eso, intentó clamar por ayuda a través de una de las ventanas del inmueble en el que permanecía cautiva. No obstante, al ser descubierta por el condenado su reacción fue sacar su pierna derecha [por el ventanal] quedando una pierna adentro y otra afuera, de repente, Ortega la empuja al vacío”.
Debido a los severos traumas que padeció, María Alejandra Rojas, recibió atención médica y en la actualidad ha tenido que seguir sometiéndose a diferentes cirugías para avanzar en su recuperación.
María Alejandra Rojas dijo a La FM de RCN Radio que por fin se comienza a hacer justicia en su caso y que este fallo se convierte en un precedente judicial que debe llevar a que otras mujeres víctimas de intento de feminicidio y de actos de violencia denuncien de manera oportuna sus casos para evitar un desenlace fatal.
De igual forma, hizo un llamado y advirtió que teme por su seguridad y la de su familia y hace directamente responsable a la familia de su agresor de llegar a ser objeto de cualquier tipo de amenaza, intimidación o ataque en su contra o de sus seres queridos.