Luis Alfredo Ramos fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011. FOTO: COLPRENSA
El político antioqueño Luis Alfredo Ramos no sale de una para meterse en otra. También podría aplicarse en este caso el refrán que ha hecho carrera en tierra paisa: “al caído caerle”.
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El exgobernador de Antioquia fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación, por el delito de interés indebido en celebración de contratos.
El exmandatario del departamento responderá en un nuevo juicio, por presunta corrupción en la adjudicación de Hidroituango, el proyecto energético más importante del país.
Ramos ya había sido condenado a 7 años de prisión por nexos con el paramilitarismo.
¿De qué acusan ahora a Luis Alfredo Ramos?
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, presuntamente, el político nacido en el municipio de Sonsón, habría intervenido para favorecer a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El mencionado habría intervenido con el objetivo de que esta compañía se quedara con el contrato de construcción y operación de la hidroeléctrica.
La irregularidad se habría presentado en el contrato tipo BOOMT, cuyas siglas en inglés significan construir, operar, poseer, mantener y transferir.
El contrato fue firmado entre Hidroituango S.A. y EPM.
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¿Cuándo pasó eso?
Los hechos por los que es acusado Luis Alfredo Ramos se habrían presentado hace casi 15 años. Más puntualmente, entre 2008 y 2011, cuando el fue gobernador de Antioquia.
Todo se dio a raíz de que en 2010 se abrió la convocatoria internacional de precalificación para que las empresas interesadas en la construcción de la megaobra licitaran y así fueran incluidas en un proceso de selección.
No obstante, el ente acusador, se habría percatado de que el involucrado cambió el proceso de contratación de una invitación internacional a una selección directa.
Lo anterior, aprovechando que él, como primera autoridad de Antioquia, tenía asignado uno de los cupos de la junta directiva.
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Según el registro de acusación de la Fiscalía, “en síntesis, el acusado, con consciencia y voluntad, se interesó de manera indebida en la celebración del contrato BOOMT en favor de EPM”.
Frente a este panorama, la entidad considera que Luis Alfredo Ramos “violó los principios de planeación, transparencia, economía, buena fe, responsabilidad y deber de selección objetiva”, que deben tener los contratos.
Así las cosas, a la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), fueron declarados como víctimas en la primera audiencia, que se cumplió este jueves en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.