Los procesados quedaron a la espera de la decisión de segunda instancia, para saber si son absueltos o ratificada su detención. /FOTO: ARCHIVO
Por supuestamente pedirle dinero a un procesado para favorecerlo con algunos asuntos judiciales, enviaron a la cárcel 5 policías del área de contra atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Se trata de los patrulleros Jhon Fredy Ríos Jaramillo, Yenier Adolfo Giraldo Quintana, Johan Esteban Pérez Hincapié, Andrés Camilo Gómez Toro y Jonathan Graciano Padilla.
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¿Por qué fueron capturados los policías?
Los hechos investigados y que hoy en día tienen afrontando un proceso judicial a los policías, ocurrieron el 7 y 8 de septiembre del año anterior.
Todo inició cuando en un operativo realizado en el barrio Robledo. Giraldo Quintana y Pérez Hincapié arrestaron a un hombre que era requerido por la justicia por un caso de estafa.
Aparentemente y a solicitud del procesado, habrían recibido un millón de pesos para que el celular incautado no fuera dejado a disposición de la Fiscalía como elemento de prueba, explicó la directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Yiri Milena Amado Sánchez.
Y es que la razón de la supuesta entrega de dinero habría obedecido a que en el móvil se encontraba almacenada información relevante de las actividades delictivas.
Hubo más
La cosa no paró ahí. Luego de que al capturaron le realizaran las audiencias preliminares y un juez le otorgara el beneficio de detención domiciliaria, Yenier Adolfo, al parecer, le pidió a ese hombre 700.000 pesos para agilizar su traslado desde la estación de Policía donde se encontraba de momento retenido, hasta su residencia.
Al mes siguiente, exactamente el 31 de octubre, Jhon Fredy, Andrés Camilo y Jonathan, buscaron nuevamente al procesado y, presuntamente, le exigieron 2 millones de pesos para intervenir y favorecerlo en una supuesta denuncia que figuraba en su contra.
La víctima ya cansada se abstuvo de pagar y denunció el hecho ante las autoridades, informó la directora Seccional de Fiscalías. Compañeros de la misma institución comenzaron con las pesquisas y tras casi 8 meses de investigaciones los capturaron.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los presentó en estrados judiciales por los presuntos delitos de concusión y cohecho propio. Luego de las audiencias preliminares ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad y fueron enviados a la cárcel. Dicha medida fue apelada por la defensa de los procesados en segunda instancia.