La solicitud sobre no adelantar el convenio para 100 policías de tránsito la hacen concejales y sindicato de agentes de tránsito.
Noticias Cali.
La controversia ha estallado en Cali tras el anuncio del alcalde Alejandro Éder Garcés sobre un posible convenio que permitiría la incorporación de 100 agentes de la Policía Nacional para reforzar los servicios de tránsito en la ciudad.
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Esta iniciativa ha suscitado fuertes reacciones tanto de parte de los concejales locales como del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito, quienes han elevado sus quejas a la Procuraduría General.
Los concejales María del Carmen Londoño Sanna, Ana Leidy Erazo Ruiz y Sergio Mauricio Zamora Betancur se han unido a las voces de protesta del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito, argumentando que la medida propuesta por el alcalde contraviene la normativa vigente y podría resultar en una duplicidad de funciones innecesaria y legalmente cuestionable. Los concejales han destacado que la ley no permite esta superposición de roles entre agentes de tránsito locales y policías nacionales.
“La Administración Éder, bajo la dirección jurídica de María Ximena Román, habría aforado una partida de $5.500 millones para contratar 100 agentes de la Policía Nacional. Esto, según los concejales, es una clara violación de las leyes que regulan las competencias de los cuerpos de tránsito”, expresó la concejal Erazo Ruiz.
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La concejal Ana Leidy Erazo Ruiz subrayó que este no es el primer caso en el que el alcalde actúa al margen de la ley.
“Esta es la tercera actuación que hace el alcalde Alejandro Éder haciéndole esguinces a la ley, pues piensa que la ciudad se administra como si fuera una de sus fincas y no se somete a los mandatos legales. Tal es el caso de lo que hizo con el contrato de televisión para una empresa bogotana y el reperfilamiento de la deuda a espaldas del Concejo”, afirmó.
La medida propuesta por el alcalde Éder ha sido objeto de críticas no solo por su contenido, sino también por la manera en que ha sido impulsada.
El concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur apuntó directamente al asesor de la Secretaría de Movilidad, Alberto Hadad, acusándolo de ser el artífice de estas iniciativas que se implementan sin la debida consulta al Concejo Municipal. Zamora Betancur insistió en que tales decisiones carecen de transparencia y no reflejan una gestión pública responsable.
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La falta de consulta y el manejo discrecional de los recursos públicos han generado preocupación entre los concejales, quienes ven en estas acciones un patrón de gobernanza que ignora los mecanismos de control y supervisión previstos en la legislación. “Es inaceptable que se tomen decisiones de esta magnitud sin una discusión abierta y transparente en el Concejo”, añadió Zamora Betancur.
El malestar entre los concejales se suma al del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito, que ha denunciado esta situación ante la Procuraduría General, exigiendo una investigación exhaustiva y una respuesta contundente para frenar lo que consideran un atropello a la normativa y una amenaza para la institucionalidad del servicio de tránsito en Cali.
La concejal María del Carmen Londoño Sanna ha solicitado al Personero Distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, que acelere la investigación sobre las acciones del alcalde y la directora jurídica, María Ximena Román. Según Londoño Sanna, estos hechos reflejan una repetición de conductas anómalas que deben ser aclaradas y sancionadas adecuadamente.
«Es imperativo que el Personero Distrital tome cartas en el asunto con la mayor prontitud posible. No podemos permitir que la administración de la ciudad continúe operando al margen de la ley. Los ciudadanos de Cali merecen transparencia y legalidad en la gestión de sus recursos y servicios públicos», declaró la concejal Londoño Sanna.
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La petición de los concejales y del sindicato busca no solo detener el convenio para la incorporación de los 100 agentes de la Policía Nacional, sino también establecer precedentes claros sobre la importancia de la legalidad y la transparencia en la administración municipal.
El Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito también ha enfatizado la necesidad de que las decisiones sobre la gestión del tránsito en la ciudad sean tomadas con base en criterios técnicos y legales, y no bajo la influencia de intereses políticos o personales.
La duplicidad de funciones entre los agentes de tránsito locales y los policías nacionales no solo puede generar conflictos jurisdiccionales, sino que también puede afectar la eficiencia y la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.
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