Algunos ex candidatos señalaron que la publicidad política pegada en sitios prohibidos, no fueron autorizadas por sus campañas. ¿Qué pasará?.
Noticias Cali.
El pasado 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones territoriales de 2023, donde se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.
Por lo tanto, una de las molestias de los ciudadanos con las campañas políticas fue la gran cantidad de publicidad en sitios públicos, lo que dejó a la ciudad «inundada de carteles».
Por lo tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, un día después de las elecciones, advirtió a los excandidatos e incluso al alcalde electo que retiraran toda la publicidad de los sitios públicos, esto con el fin de evitar multas.
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Sin embargo, de acuerdo con el Decreto 589 del 24 de julio de 2023, se estableció un marco regulatorio de la publicidad exterior de propaganda política. Por lo tanto, también establecía que dentro de las 48 horas siguientes a las elecciones debían retirar todo tipo de publicidad.
Debido a que se vencía el plazo para retirar esta publicidad, el alcalde volvió a hacer el llamado. «Seguimos esperando la retirada de los carteles de los espacios públicos. Definitivamente debe ser un compromiso de cada campaña. Procederemos con las respectivas multas si no lo hacen URGENTE», señaló el mandatario el pasado 31 de octubre.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, también hizo el llamado a los ex candidatos a retirar dicha publicidad. «Incluso algunos están en espacios ilegales. Tienen que colaborar con la ciudad y hacer su respectiva limpieza.»
Gran parte de la publicidad se encontraba en espacios prohibidos, como puentes peatonales, vehiculares, postes, contadores, entre otros sitios.
Roberto Ortiz, ex candidato a la Alcaldía de Cali, señaló que los carteles pegados en sitios prohibidos no fueron autorizados ni pegados por su campaña, sino por «personas que simpatizaban» con su proyecto de ciudad. «Un equipo territorial comenzó con la intervención de limpieza y desmonte en postes y paredes de diferentes sectores», indicó Ortiz el pasado 1 de noviembre.
Este tipo de publicidad política no fue autorizada ni instalada por la campaña, sino por algunas personas que simpatizaban con nuestro proyecto de ciudad.
Mi compromiso con una mejor Cali es absoluto, por eso, desde hoy, un equipo territorial comenzó con la intervención de… pic.twitter.com/YuWW0ltTmC
— Roberto Ortiz (@robertoortizu) November 2, 2023
Asimismo, Miyerlandi Torres también aseguró que la publicidad política pegada en estos sitios prohibidos no fue autorizada por su campaña.
Si bien la disposición de publicidad en postes y diferentes lugares de la ciudad no fue responsabilidad de la campaña, sino de simpatizantes de nuestro proyecto, se identificó en qué lugares fue puesto este material publicitario y nuestros equipos ya se encuentran retirándolo.… pic.twitter.com/Mv7YMvDUaT
— Miyerlandi (@MiyerlandiT) November 1, 2023
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Pasado ya el plazo para retirar la publicidad política, algunos partidos iniciaron el desmonte, pero en algunas zonas aún se siguen observando carteles de propaganda.
Nuestro compromiso es con Cali, por eso madrugramos a limpiar los postes y sitios donde fueron ubicados nuestros afiches. Invitamos a todos los excandidatos a hacer lo mismo. #Cali limpia un compromiso de todos pic.twitter.com/YDDZSLjvmi
— Padre Edilson Huérfano Ordóñez (@PadreHuerfano1) October 31, 2023
Desde la Secretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, se adelantaron operativos por todos los corredores viales para desmontar la publicidad electoral.
«Lo pertinente es dejar actas de verificación que serán transferidas al inspector de la comuna en la cual se encuentren estas publicidades políticas. También se envía un oficio a los partidos políticos y a los candidatos, además al Consejo Nacional Electoral, CNE, para dar conocimiento de los hechos», indicó José Calle, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali.
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Por lo tanto, aseguró que los partidos que no acataron las directrices para hacer dicho desmonte podrían verse sometidos a una multa que oscila entre uno y medio hasta cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016.
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