Ante crisis en Nariño, Vicedefensor llegó a Policarpa «para evaluar violación de derechos humanos»

También se denunció la presencia de actores ilegales y la violación de derechos humanos. Vicedefensor dijo que atenderá situación

Noticias Nariño

Ante la crítica situación que afrontan las comunidades de la cordillera de Nariño, el Vicedefensor de Nacional del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, llegó al municipio de Policarpa y poder conocer de cerca las denuncias de violación de derechos Humanos.

Por ello, el alto funcionario, se reunió con los alcaldes de Policarpa, Cumbitara, El Rosario, altos mandos de la Policía; del Ejército, además del acompañamiento de MAP- OEA y ONU Derechos Humanos.

Ante esta situación, el Vicedefensor explicó que la comisión busca hacer seguimiento desde las instituciones a las alertas tempranas emitidas por parte de la Defensoría, para garantizar los derechos de la comunidad.

Y frente a las denuncias sobre la presencia de actores armados no identificados, el Vicedefensor indicó que escalará a nivel nacional la solicitud para que el Ejército explique, que sucede en este territorio.

Desde la Administración departamental, rechazaron toda acción que vulnere los derechos de las comunidades y en especial de los niños, niñas y adolescentes.

Así mismo, fueron enfáticos en afirmar qué es necesario que exista presencia integral del Estado en Nariño.

Exigen cumplimiento

También reclamaron el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que determina qué las instituciones deben salvaguardar los derechos de la comunidad.

Por su parte, el líder comunitario de Policarpa, Adolfo López, destacó que la sesión de la comisión permite un diálogo directo con las comunidades, en pro de la concertación y búsqueda de soluciones para las problemáticas que presenta hoy el territorio.

El dirigente social destacó la iniciativa de retomar las mesas de diálogo permanente con las comunidades.

De igual forma, se reiteró que, actualmente ni el Ejército Nacional ni la Policía, adelantan labores de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

Sin embargo, se reiteró el llamado desde la institucionalidad para buscar alternativas de sustitución voluntaria que posibiliten a las familias alternativas de subsistencia legales.