Hasta 20 años de cárcel podrían pagar personas que generen lesiones a otros con pólvora

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El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que ya son 219 las personas que han resultado quemadas por la manipulación de pólvora en Colombia.

A pesar de que las cifras han disminuido frente al mismo periodo de 2021, esa entidad señaló que al menos 54 menores de edad han resultado lesionados hasta la fecha.

En el caso de Bogotá, mientras el Distrito reitera el llamado a los ciudadanos para no comprar, vender o manipular pólvora, en varias esquinas y semáforos del centro de la ciudad son comercializados estos elementos sin ningún tipo de control.

Las autoridades advirtieron que los totes son los artefactos que más causan lesiones con un 27,9% de los lesionados; los voladores con un 25,8%, los cohetes con un 9,7%, los volcanes con un 6%, las luces de bengala con un 3,1% y los juegos pirotécnicos con 2.9%.

Ante esta situación, RCN Radio consultó sobre las consecuencias judiciales frente al uso irresponsable de la pólvora y se evidenció que además de sanciones millonarias, los implicados también podrían pagar una amplia condena de prisión.

Wilson Murillo abogado civil de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que el presidente Gustavo Petro expidió un decreto con el que se modifica el 1066 de 2015, que reglamenta las Leyes 670 de 2001 y 2224 de 2022.

«La persona que incurra en esa manipulación irresponsable de pólvora y con su actuar, ocasione lesiones que pueden ser tenidas en cuenta como lesiones personales, podría pagar una pena de de hasta 240 meses de prisión», señaló.

El experto también indicó que si las autoridades encuentran a un menor de edad manipulando estos implementos, » este será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia, o autoridad quien haga sus veces, quien determinará las medidas de protección a adoptar”

Concluyó que «las personas que quieran comprar tendrán que contar con un permiso emitido por los alcaldes municipales o distritales, y para quien venda pólvora sin los respectivos permisos su sanción podría ascender hasta a los 300 millones.