Hay un militar que aceptó su responsabilidad y está condenado a 20 años.
El Coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorma Alexander Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón, investigados como presuntos responsables del asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres Arévalo, recobraron la libertad en atención a la figura jurídica del “vencimiento de términos”.
Un juez de control de garantías de Cúcuta los dejó en libertad en vista de que desde el 23 de junio del año pasado hasta este 16 de mayo, cuando se inició el juicio, los cuatro procesados sobrepasaban 300 días detenidos, algo que va en contra de la ley.
Dimar Torres, antiguo guerrillero de las Farc que se acogió al proceso de paz y se reincorporó en la sociedad civil, fue asesinado el 23 de abril del 2019 en zona rural de Convención, Norte de Santander.
Por este homicidio está condenado el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien desde el principio aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a 20 años de prisión.
Vale mencionar que la decisión de dejar en libertad a estos antiguos miembros del Ejército, Jorge Armando Pérez Amézquita, Cristian David Casilimas Pulido, Yorma Alexander Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón, se produce no obstante que la Procuraduría los destituyó e inhabilitó por periodos de entre 14 y 20 años para ejercer cargos públicos.
El abogado Diego Martínez, parte en el proceso, declaró a medios radiales que hubo varias irregularidades en la investigación como el cambio de juez, lo que consideró un factor que incidió en el vencimiento de términos.
“Hubo poca claridad de lo sucedido pese a las pruebas presentadas como videos y testimonios, hay que destacar que la Fiscalía siempre asistió a las sesiones fijadas y accedió a todas las fechas dispuestas por la judicatura; sin embargo, el juzgado que dio inicio al juicio se tomó cinco meses para dar inicio al debate probatorio”.
La muerte de Dimar Torres Arévalo causó revuelo en el país por los señalamiento contra los militares, activos en ese momento, y por las condiciones de indefensión de la víctima.