Cárcel a 9 presuntos ‘piratas terrestres’ con injerencia en Atlántico y Bolívar

En el Atlántico, su radio de acción se concentraba en vías cercanas al municipio de Malambo. También operaban en Cundinamarca.

Las pruebas aportadas por una fiscal Especializada de Cartagena  fueron suficientes para que un juez de control de garantías profiriera medida de aseguramiento en contra de nueve personas presuntamente responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro, secuestro simple, secuestro extorsivo, hurto calificado agravado  y extorsión.

«De acuerdo con la investigación se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo delincuencial que desde diciembre de 2019 hasta la actualidad se dedicaba presuntamente a extorsionar y a hurtar a transportadores que circulaban por los municipios de Turbaco, El Carmen de Bolívar y Santa Rosa de Lima (Bolívar), Malambo (Atlántico), en Bogotá y poblaciones aledañas», informó la Fiscalía. 

Labores de policía judicial permitieron establecer que la organización ilegal al parecer secuestraba a los conductores que manejaban tracto camiones para exigirles sumas de dinero que oscilaban entre 2 y 10 millones de pesos, a cambio de liberarlos, de no atentar contra algún miembro de su familia y la devolverles sus vehículos.

«Ocho de los implicados fueron capturados el pasado 29 de agosto por el Gaula de la Policía  Nacional en los barrios Nelson Mandela, y San José de los Campanos de Cartagena y en Valledupar, Bogotá y La Dorada (Caldas). Ellos son: Juan Camilo Jiménez Medina de 24 años, Mariana Amparo Silva Medina, de 22 años, Yuleidys Mercedes Guerra Moscote,, alias ‘La Flaca’, de 35 años, Nelson González Guayara, de 50 años, Wilfrido José Díaz Villadiego, de 24 años, Javier Alexander Rodríguez Larios de 32 años,  Briayan De Jesús Rodríguez Mendoza, de 25 años y  Jeison Prada Flórez, de 31», reveló la Fiscalía en un comunicado. 

El noveno involucrado es Cristian Andrés Marín, presunto jefe de la organización, quien se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de Boyacá, de donde se supone dirigía las acciones delincuenciales.

Durante las audiencias concentradas ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por el ente acusador y por disposición del juez su reclusión se llevará a cabo en Cartagena, Bogotá y La Dorada (Caldas).