Según el juez, los condenados actuaron con dolo y sevicia en contra de la Fuerza Pública.
El Juzgado Quinto especializado de Bogotá condenó a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha a 10 años y 20 años de cárcel respectivamente por el delito de terrorismo agravado, luego de comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, en el sur de Bogotá, ocurrido durante el ‘paro nacional’ del 2021.
El ataque se produjo cuando 15 policías se encontraban refugiados en las instalaciones del CAI, los agresores utilizaron piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el asalto.
El acto dejó una grave afectación tanto en la infraestructura como en la seguridad pública del sector.
Le puede interesar: Metro de Bogotá lanza advertencia a conductores: cierres generarían trancones
La sentencia se sustentó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio, entre ellos, videos de las cámaras de seguridad de la zona, el reconocimiento fotográfico de los acusados y los testimonios de las víctimas fueron determinantes para señalar a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los autores materiales del ataque.
Además, se hallaron artefactos explosivos en la vivienda de Murcia Rodríguez que coincidían con las sustancias utilizadas en el ataque, lo que reforzó la evidencia en su contra.
Cabe destacar que, el juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, considerándolas inconsistentes y contradictorias.
Le puede interesar: El río Arzobispo se desborda y deja inundada la carrera Séptima en Bogotá
En su fallo, subrayó que, «más allá de toda duda razonable», los acusados actuaron con dolo y ejecutaron las conductas punibles con premeditación y violencia. El juez también destacó la gravedad del acto, al tratarse de un ataque deliberado y premeditado contra las autoridades.
Del mismo modo, el Ministerio Público respaldó la condena afirmando que lo sucedido no fue un acto de protesta social, como alegaba la defensa, sino un acto de terrorismo dirigido a intimidar y generar temor en la sociedad.
La sentencia reafirma el compromiso del Estado en la lucha contra el terrorismo y en la protección de las autoridades y la ciudadanía frente a este tipo de ataques violentos.