Aseguran que las decisiones están basadas en Derecho y ajustadas a la ley.
Las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en el marco del debate por los altos índices de inseguridad en la capital de la República no cayeron muy bien en los jueces integrantes del Comité del Sistema Penal Acusatorio puesto que consideraron que se les quiere culpar, en parte, por la grave situación.
Consideran que la mandataria señaló que los jueces están ordenando libertades infundadas de personas capturadas por acciones delictivas poniendo en grave riesgo la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, situación que -para los funcionarios de la Rama Judicial- no tiene ninguna validez sólida ni probatoria.
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En el documento señalan que los jueces tienen que evaluar la cada una de las peticiones de la Fiscalía General y demás sujetos procesales y evaluar si se cumplen o no con todos los requerimientos que exige la ley para legalizar capturas o cobijar con medidas de aseguramiento a los detenidos.
«Es posible, y así lo ha constatado el sistema judicial en múltiples oportunidades, que se presenten capturas ilegales, ya por ausencia de flagrancia o por violación de los derechos de los capturados. Cuando esto es percibido por los jueces su deber es velar por la garantía de los derechos en juego y evitar judicializaciones infundadas o viciadas», resaltan los jueces.
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