Con esta designación, se completa el gabinete ministerial del gobierno de Petro.
La abogada Sandra Urrutia fue designada por el presidente Gustavo Petro, como la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Con esta designación, se completa el gabinete ministerial del gobierno.
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Urrutia es abogada con maestría en derecho administrativo, especializada en derecho de las telecomunicaciones, con más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Así como en asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con habilidades y competencias en: gerencia, ejecución, planeación, análisis, administración de recursos, enfoque al cliente, trabajo en equipo, negociación, capacidad de trabajo bajo presión, adaptabilidad al cambio, resolución de problemas, y orientación hacia la acción y la calidad del trabajo.
La nueva MinTIC fue directora de vigilancia Fiscal para el sector TIC, directora de Investigaciones de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, asesora externa y Jurídica del Viceministerio de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, coordinadora de Gestión legal, telecomunicaciones y competencia de la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Telefónica – Movistar).
También se desempeño como asesora jurídica de la Dirección Técnica de Energía en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, directora (e) y coordinadora de Vigilancia, Control y Seguimiento en la Autoridad Nacional de Televisión y coordinadora de Control Interno (e), Comisión de Regulación de Comunicaciones, entre otros.
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Así las cosas, el presidente Gustavo Petro oficializará su nombramiento en las próximas horas, antes de asistir a Andicom 2022, el Congreso Internacional de TIC más importante de la región.
Cabe recordar que el nombramiento de Urrutia se da después de que se cayera la designación de Mery Gutiérrez, por un supuesto conflicto de interés, al ser accionista mayoritaria de Programar Televisión S.A., una firma que actualmente tiene una demanda contra la Nación por $45.000 millones.
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