La alarma está enfocada ante la posibilidad de que un tramo se haga de forma subterránea.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas ante la posibilidad de modificar el contrato adjudicado y actualmente en ejecución, para que un tramo del metro de Bogotá sea subterráneo.
De acuerdo con ese organismo, cambiar el contrato representaría un riesgo en cuanto a los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, e incremento de precios en diseños y construcción.
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La Procuraduría resaltó la importancia de aclarar aspectos que podrían generan problemas como volatilidad del dólar, e incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado.
Por estas preocupaciones, la Procuraduría pidió copia de los informes para revisar los conceptos y documentos en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión.
La alerta surgió a partir de la reunión que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa mayor Claudia López, en la que el Gobierno Nacional insistió nuevamente en construir un tramo del metro de la capital, de manera subterránea.
Cabe resaltar que durante la reunión, el consorcio chino encargado del Metro presentó un informe con posibles opciones para realizar dichas modificaciones, señalando cómo la más ‘viable’ en términos de presupuesto y jurídicos, hacer tres estaciones desde la calle 72 hasta la calle 100 bajo tierra, lo que tendría tendría un costo de $6 billones.
Las preocupaciones de la Procuraduría se basan en que la alcaldesa Claudia López fue clara con el Presiente Petro al recalcar que no existe suficiente presupuesto para hacer ese cambio. Sin embargo, el mandatario aclaró que esa modificación sería financiada por el Estado.
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Ese organismo estudiará las posibles opciones, el contrato actual y las modificaciones que tendrían que realizarse para lograr el cambio, pues por el alto costo de esta petición del Gobierno Nacional, podría generarse afectación en el patrimonio de Bogotá y a nivel nacional.