Pa’ la guandoca: conocida exfuncionaria del IDU andaba en malos pasos

Claudia Patricia Otálora Cano, exjefe de Planeación del IDU, hizo parte de un entramado de corrupción por 84.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación informó que fue condenada la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Claudia Patricia Otálora Cano, por varias actuaciones irregulares detectadas en la contratación de obras públicas en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, en 2009 la exfuncionaria hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU y en ejercicio de su cargo, participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos con más de 80.000 millones de pesos.

«Las pruebas obtenidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditaron varias anomalías auspiciadas por la señora Otálora Cano y otras personas, entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas», dijo la directora especializada contra la corrupción, Martha Chavarro.

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Asimismo, explicó que los proyectos comprometidos ascendieron en valor a 84.000 millones de pesos, los cuales contemplaron la construcción de andenes, dos ciclos puentes, una calzada de la Avenida La Sirena (Calle 153), la intersección del deprimido de la Calle 94 y tres puentes peatonales.

«Fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos y limitación a la participación de otros oferentes. Por estos hechos, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exjefe de Planeación del IDU a 11 años de prisión«, sostuvo la directora.

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La Fiscalía concluyó que la mujer responderá por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por lo que también se le impuso una multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 127 meses para ejercer cargos públicos luego de cumplir los 11 años en un establecimiento carcelario.