Corrupción desfalca por más de mil millones a Universidad en el Chocó: exrector uno de los implicados

Los recursos destinados a mejorar la educación de los estudiantes fueron desviados para beneficio personal de los involucrados.

Un escándalo de corrupción sacude a la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH). La Fiscalía judicializó a cuatro personas, entre ellas el exrector, por irregularidades en un contrato para la modernización de aulas. 

La investigación reveló que el contrato, valorado en más de mil millones de pesos, estuvo plagado de irregularidades desde su inicio. Se manipularon procesos, se omitieron requisitos legales y se certificaron obras que no se habían realizado.  

Los recursos destinados a mejorar la educación de los estudiantes fueron desviados para beneficio personal de los involucrados. Así las cosas, un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; 
y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios 
Sánchez.

El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de $1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación. Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados. Además, se encargó de la supervisión e interventoría.  

Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes. Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta. Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial.  

En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica. Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso. Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.  

La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de $600 millones de pesos. Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por $300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación.  

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La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados. Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.