Los afectados indican que no tienen a donde ir, y que les están suspendiendo los servicios públicos.
Los zipaquireños aseguran que se trata de un acto arbitrario que no está justificado puesto que las viviendas tienen el permiso del Instituto Agustín Codazzi y pagan servicios como todos los ciudadanos.
Una zona residencial en el municipio es objeto de denuncia pública, ya que, según los propietarios adquirieron este terreno bajo engaños.
Según las investigaciones se explica que, el problema no es de ahora, sino que inició en el año 1992 con un exconcejal de Bogotá, Mariano Enrique Porras que, según Johanna López Saavedra, representante legal de la Asociación Provivienda Ciudad Jardín; Porras era un urbanizador pirata que prometía 500 soluciones de vivienda para lo que cobró $1´000.000 como cuota inicial, este proceso se haría en un espacio que les compró a sus hermanas y del cual tenía escrituras.
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Cinco años después de las promesas falsas, la comunidad denunció a Mariano Enrique por estafa y urbanismo ilegal, fue hasta el 2001 que el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá inició las conciliaciones, donde los afectados querían seguir con el proyecto de construcción y tuvieron que pagar $ 1.200.000 por las escrituras.
Lo que parecía que ya se había solucionado, volvió a tener conflicto en el año 2004, cuando aparecieron los presuntos dueños de las tierras, que realizaron un proceso civil de resolución de contrato, que tres años después falló a favor de estas personas que lo reclamaban como propio, sin tener en cuenta la decisión inicial que se tuvo a favor de la comunidad.
“El primer despacho comisorio se llevó a cabo en 2011, a este presentamos oposición de entrega y el juez escuchó las razones y pospuso la diligencia mientras él revisaba los documentos que aportamos como pruebas. La continuación se llevó a cabo en el 2013 y ahí él confirmó que somos terceros de buena fe. Como era de esperarse, la contraparte apeló aquella decisión y en junio de 2018, una juez de Zipaquirá confirmó la decisión del juez anterior, que somos terceros de buena fe”, manifestó Johanna López, en El Espectador.
En este sentido, se supo que en el 2018 el magistrado Pablo Ignacio Villate Monroy presentó un fallo en el que se expresaba que, “todo debe volver a su estado natural, por lo que se debe entregar el inmueble en su totalidad y si es necesario con el uso de la fuerza«.
La colectividad manifiesta que desde ese momento se han opuesto al desalojo ya que, no tuvieron en cuenta sus escrituras y la decisión inicial, por ello han tenido que enfrentar al Esmad, Antimotines, GOES y Ejército Nacional, que están afectando la convivencia de al menos 13 familias, que están distribuidos en un área de 6.300 metros cuadrados.
En este sentido, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García solicitó que se abriera un dialogo entre unos y otros, “Nosotros, la Gobernación y la Alcaldía de Zipaquirá, tenemos toda la voluntad de defender a los ciudadanos que habitan en ese predio y establecer un acuerdo con el Concejo Municipal, que sé que también va a apoyar esta iniciativa, para decretar la medida necesaria, como de utilidad pública o como legalmente nos corresponda, para adquirir esa franja y que los propietarios puedan disponer del resto del terreno. Y así, a través de la ley podamos garantizar la calidad de vida y la vivienda digna a quienes allí residen”, ratificó.
A pesar de que, se hizo está acción desde el ejecutivo, este jueves 31 de marzo se volvió a presentar un altercado con la fuerza disponible, y algunas familias salieron corriendo porque temían por su seguridad, ya que aparte de todo les quitaron los servicios de agua, luz y gas.
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Lo indignante del tema es que, según la versión de los que desalojaron, tuvieron que irse para donde familiares o en algunos casos quedarse con el trasteo en la calle y dormir a la intemperie, mientras solucionan a donde arrendar, después de que creían que ya tenían un hogar.