El organismo solicitó a la alcaldesa Mayor asumir su responsabilidad en garantizar la prestación del servicio.
La Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que “atienda la crítica situación por un manejo descontrolado de los residuos sólidos en la ciudad, que podría eventualmente generar una emergencia sanitaria si no se toman los correctivos de manera inmediata”, aseguró la entidad.
Del mismo modo, advierte que la acumulación indebida e inadecuada de residuos en vías públicas puede genera una emergencia sanitaria, pues la proliferación de vectores, gas metano y lixiviados, entre otros, ponen en riesgo la salud pública y la del medio ambiente en la capital.
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Por lo anterior, la Procuraduría afirmó que, desde el año 2021, ha realizado diferentes advertencias, pero la situación no ha mejorado.
Incluso, la delegada para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios envió un requerimiento a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en el cual evidenció los llamados de advertencia remitidos por la procuraduría desde el 2021, tiempo en el que se alertaba la inadecuada prestación del servicio público de aseo en sus componentes de recolección, barrido y transporte de residuos en la ciudad de Bogotá.
Cabe mencionar que, a inicios de este año, el Concejo de Bogotá denunció que en sectores de localidades como Ciudad Bolívar y Bosa se percibían malos olores, moscas y problemas de salubridad que afectaban la salud de los habitantes a causa del mal manejo de basuras en la capital.
Según, la concejal Lucía Bastidas aseguró que, “en Bogotá se volvió parte del paisaje ver cómo en cada esquina, en cada puente peatonal o vehicular, cada pared de cada barrio, cada parque, se han convertido en un basurero. Tenemos 749 puntos críticos a lo largo y ancho de la ciudad. Le hace falta al distrito hacer el control y la supervisión de los cien mil millones de pesos que se han pagado».
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Por último, la Procuraduría les recordó a las entidades y los alcaldes que «están obligados a garantizar la eficiente y adecuada prestación de los servicios públicos dentro de su jurisdicción, y por ende deben adoptar las medidas inmediatas«.
Además, mencionó que el incumplimiento de estos deberes genera responsabilidad en materia disciplinaria.