La entrega de las obras se efectuaría pronto, pero sus intervenciones no estarían completas.
La concejal Diana Diago, militante del Centro Democrático, ha realizado una contundente denuncia en relación con las obras de construcción y ampliación de varias estaciones de Transmilenio en Bogotá. Entre las estaciones mencionadas se encuentran La Campiña, Puente Largo, Socorro y Olaya, las cuales presentan un retraso de 11 meses en las obras, según ha señalado la cabildante. Diago, tras realizar una inspección en cada una de las obras, ha concluido que las fechas de entrega previstas no son viables, argumentando que los contratistas no han avanzado como corresponde y que las estaciones están aún incompletas.
En este sentido, la concejal ha dirigido un llamado al alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y al director del IDU, Orlando Molano, para que supervisen adecuadamente las obras y aseguren el cumplimiento de los plazos establecidos. Esta situación afecta a los usuarios del sistema Transmilenio, quienes han experimentado demoras en el paso de las rutas debido a las obras inconclusas.
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Es relevante mencionar que el contrato número 1848, suscrito por el IDU en enero de 2022 para llevar a cabo estas obras, tuvo un valor inicial de más de $25.000 millones. Sin embargo, casi un año después de su inicio, se realizaron dos adiciones que sumaron cerca de $14.000 millones adicionales, elevando el valor total del contrato alrededor de $40.000 millones, según lo informado por la concejal.
Las estaciones más afectadas por los retrasos, según Diago, son Olaya y Socorro, las cuales debían entregarse el 16 de mayo, pero aún se encuentran en proceso de intervención. Asimismo, las obras en las estaciones de La Campiña y Puente Largo, cuya entrega estaba prevista para el 16 de julio de 2024, no han avanzado como se esperaba, lo que podría generar un nuevo incumplimiento por parte de la entidad responsable.
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Por último, la concejal ha denunciado una presunta irregularidad en los cambios de la contratación debido a las adiciones realizadas, las cuales, según la ley 80 de 1993, solo pueden representar hasta el 50% del valor inicial del contrato, un límite que habría sido superado en este caso. En consecuencia, ha solicitado a la Contraloría de Bogotá que realice las investigaciones pertinentes sobre este asunto.
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