Se trata de un estudio de nulidad a la sentencia de marzo que negó una tutela a la compañía.
La sala plena de la Corte Constitucional resolverá de fondo el liío jurídico que existe entre la empresa Proactiva Doña Juana y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), por un contrato sobre la administración y operación del relleno Doña Juana ubicado al sur de Bogotá.
En marzo, la Corte ya se había pronunciado sobre el tema en contra de Proactiva, pero el caso volvió por una petición de nulidad de esa sentencia.
El lío entre ambas empresas inició en el 2010, cuando la Uaesp liquidó el contrato a cargo de Proactiva y le ordenó pagar la suma de $42.385 millones por concepto de una serie de incumplimientos sobre su desarrollo.
De hecho, no se han podido resolver los problemas ambientales que genera este botadero, como malos olores, vectores, lixiviados, enfermedades, y contaminación del agua y subsuelo.
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El caso pasó a un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, que falló en contra de Proactiva, la cual terminó acudiendo a la tutela que la Corte Constitucional también le negó.
En su decisión, la Corte concluyó que el caso no tenía relación con violaciones a derechos fundamentales y que era un lío legal o económico, pero no constitucional.
“El accionante busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales de la caducidad”, se indica en la sentencia.
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En esa oportunidad, la Corte llamó la atención de Proactiva, en el sentido de que no era correcto que “una parte procesal plantee, en sede de tutela, una supuesta denegación de justicia por falta de pronunciamiento de fondo, cuando la pérdida de oportunidad para reclamar estos derechos subjetivos acaeció por conductas reprochables de ella misma (…) causados por una actitud negligente, otorgándole de esta manera ventajas injustificadas a un comportamiento no diligente de la accionante”.
El contrato entre ambas compañías inició en el año 2000 Proactiva, en calidad de concesionaria, asumía la administración, operación y mantenimiento del relleno sanitario Doña Juana. El contrato se prorrogó por cuatro veces más a partir de 2005, sin abrir licitación.
“El plazo de ejecución del contrato inició el 8 de marzo de 2000 y fue prorrogado en cuatro oportunidades (el 27 de enero de 2005, el 31 de agosto de 2007, el 7 de diciembre de 2007 y el 7 de abril de 2008). Finalmente, el plazo convenido en la última prórroga suscrita venció el 8 de octubre de 2009, dando inicio a la etapa de liquidación bilateral del contrato”, se lee en el fallo de la Corte.