El Ministerio del Interior y su Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías acompañaron la jornada.
En cumplimiento del fallo de tutela del Juzgado Tercero con sede en Suba, Bogotá, la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, acompañaron la identificación de los integrantes del pueblo embera asentados en el Parque Nacional, proceso liderado por el Ministerio del Interior y su Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías.
Según explicó el Distrito, en las primeras horas de la mañana de este jueves se realizó el Puesto de Mando Unificado y se organizaron los grupos de trabajo que, además de contar con personal del Distrito, tuvo representantes de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio Público que velaron por la garantía de los derechos de las familias durante la actividad.
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La Alta Consejería de Paz de Bogotá informó que “en todo momento contó con la voluntariedad de las comunidades embera chamí y katío, quienes también participaron activamente en las brigadas de identificación. Igualmente, para respetar los derechos de las personas asentadas, cada equipo tuvo un intérprete para facilitar el diálogo con las comunidades”.
Asimismo, señaló esa entidad que luego de una reunión entre sus líderes, las familias pertenecientes al proceso organizativo denominado como Autoridades Bakatá, comunicaron a los funcionarios que también querían hacer parte del proceso de identificación, trabajo que comenzó de manera inmediata.
En ese sentido, el Distrito obtuvo los siguientes datos preliminares de caracterización: 275 familias embera chamí y katío (747 personas) y 261 familias de otros grupos (838 personas). Así las cosas, 536 familias hicieron el proceso de caracterización para un total de 1.585 personas.
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“Cabe resaltar que el 90% de las personas pertenecientes al proceso Bakatá no pernoctan en el Parque Nacional, pues llegaron en las últimas horas (entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves)”, aseguró la Alta Consejería.
Cabe mencionar que aún no se tiene conocimiento de la cantidad de menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores que están asentados en el Parque Nacional. Tampoco se tiene certeza si las más de 1.500 personas quieren retornar a sus territorios.
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