Los concejales de Dosquebradas han unido fuerzas al firmar una proposición de rechazo que será enviada al Gobierno Nacional, y a la cual se sumarán corporaciones de otros municipios. En una declaración conjunta, han hecho un llamado a la unidad de las fuerzas cívicas regionales para oponerse a la construcción y financiamiento de la denominada concesión vial «Iniciativa Privada Conexión Centro» – IP Centro.
Este proyecto, que conecta los municipios de Calarcá en el Quindío y La Paila en el Valle del Cauca como parte del corredor vial Buenaventura – Bogotá, se encuentra bajo la amenaza de extenderse por 30 años más, implicando un aporte significativo del 80% de los recursos del proyecto vial a través de peajes por parte de los tres departamentos del Eje Cafetero, sin que las obras beneficien directamente a estos mismos departamentos.
El economista y exdiputado de Risaralda, Aurelio Suárez Montoya, ha señalado un aspecto adicional preocupante. Según declaraciones del ministro de Transporte William Camargo, en caso de que el recaudo por peajes no cumpla con la meta pactada, el Gobierno Nacional no aportaría el resto de la financiación, sino que se cobraría valorización en los municipios de influencia. Esto representaría una doble carga para los ciudadanos, quienes ya pagan peajes y podrían enfrentar un impuesto adicional de valorización por las obras en sus predios.
La segunda vicepresidenta de la Corporación, Camila Correa, promotora del debate, expresó su desacuerdo con la nueva concesión, destacando la falta de beneficios para Dosquebradas y el departamento de Risaralda. Afirmó que, a pesar de la recaudación proyectada de 9.9 billones en 30 años, no hay inversiones contempladas para Dosquebradas, a pesar de ser el punto de congestión en el tráfico.
En conclusión, Correa subrayó que no se oponen al desarrollo vial, sino a la modalidad de financiación y la distribución de los impactos regionales. En su opinión, si todos contribuyen, la inversión local debe reflejar esos recursos de manera equitativa. La sesión contó con la participación de representantes de Autopistas del Café, Odinsa, ANI, Secretaría de Tránsito y Movilidad, Obras Públicas de Dosquebradas, Infraestructura Departamental, Personería Municipal, Procuradora Regional de Instrucción y Policía de Carreteras.