Para la ejecución de esta política, se contará con la participación de 10 secretarías, que desarrollarán un total de 48 acciones. Este plan establecerá una ruta a seguir durante los próximos 10 años, con el objetivo de garantizar un impacto duradero y efectivo en la comunidad.
La Asamblea Departamental de Risaralda sigue avanzando en el estudio para establecer la Política Pública Departamental de Discapacidad e Inclusión Social para el período 2024-2034. Esta política, alineada con el Plan de Desarrollo “Risaralda Equitativa e Incluyente” 2024-2027, refleja un firme compromiso del gobernador Juan Diego Patiño y de la Asamblea Departamental con la población más vulnerable del departamento.
El impulsor de la iniciativa y presidente de la Asamblea Departamental, Jaime Esteban Duque García, subrayó que esta política pública es inclusiva y está en línea con el plan de desarrollo equitativo. “Nuestro objetivo es proporcionar herramientas y apoyo a los cuidadores y a las personas con discapacidad para aliviar sus cargas y mejorar su bienestar”, afirmó Duque García.
La política pública se estructura en cinco ejes fundamentales: Transformación de lo Público, Garantía Jurídica, Participación en la Vida Política y Pública, Desarrollo de la Capacidad y Reconocimiento de la Diversidad. Estos ejes servirán como base para la implementación de la política y guiarán las acciones a desarrollar durante su vigencia.
Stephania Agudelo, secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social, indicó que la administración departamental desarrollará planes de acción e inversión para implementar la política pública de discapacidad. Destacó la importancia de capacitar a los servidores públicos y comunicar los servicios disponibles, y aseguró que se llevará a cabo un riguroso seguimiento para garantizar la efectiva implementación de la política, subrayando el compromiso del gobernador Juan Diego Patiño.
En Risaralda, actualmente hay más de 32.000 personas con alguna condición de discapacidad. Hasta mediados del año pasado, se habían emitido más de 5.300 certificaciones, lo que representa más del 7% del total proyectado. En el sector educativo, cerca de 1.800 de 46.000 alumnos en los 12 municipios no certificados tienen algún tipo de discapacidad.
Durante el proceso de formulación de la política pública, se llevaron a cabo 24 mesas de participación y tres consultas virtuales, con la participación de 608 personas. Estos espacios permitieron la construcción colectiva de lineamientos y acciones que promuevan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
Hugo Castro Osorio, periodista de la página del Mundo Capaz y Tu Voz Pereira, subrayó la relevancia de la nueva política pública de discapacidad al describirla como una hoja de ruta fundamental para el departamento. Según Castro, esta política no solo proporciona claridad sobre la gestión de temas cruciales como salud y educación para las personas con discapacidad, sino que también destaca la importancia de integrar a todos los talentos del departamento. Con un horizonte de diez años, esta política pública busca garantizar una inclusión efectiva y continua en todas las áreas de administración, salud y educación, promoviendo un futuro equitativo e influyente para todos.
Fabián Alberto Arias Arango, coordinador de discapacidad del departamento, destacó la importancia de la aprobación de la nueva política pública de discapacidad. Según Arias, esta política proporcionará una guía esencial para las personas con discapacidad y sus cuidadores durante los próximos diez años. Subrayó que, a diferencia de otros departamentos, el nuestro ya cuenta con una política pública establecida, lo que representa un significativo mensaje de inclusión por parte de la gobernación y del gobierno departamental hacia las personas con discapacidad y sus cuidadores.