Una vez conocidas las denuncias, el Ministerio Público activó sus funciones de intervención ante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se sigue a favor de las tres niñas víctimas.
La entidad designó al coordinador de procuradores judiciales penales de Risaralda como agente especial para los procesos que se adelanten por estos actos delictivos que afectan la libertad, integridad y formación sexual de niños y niñas.
Fuente / @PGN_COL
Frente a las denuncias sobre presunto abuso sexual en un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Pereira, Risaralda, la Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva y constituyó agencias especiales para intervenir en los procesos penal y de restablecimiento de derechos de las tres niñas que habrían sido víctimas.
Una vez conocido el caso, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres activó sus funciones de intervención ante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se sigue a favor de las menores de edad.
Así mismo, la Delegada para Asuntos Penales priorizó el caso y constituyó una agencia especial que estará liderada por el coordinador de procuradores judiciales de Risaralda, quien será el encargado de intervenir de manera permanente en los procesos que se adelanten por estos actos delictivos que afectan la libertad, integridad y formación sexual de niños y niñas.
Por su parte, la Provincial Pereira inició acción preventiva frente a posibles omisiones de funcionarios del ICBF en la vigilancia y control del hogar comunitario, para lo cual durante este jueves, 14 de octubre, realizó visita a la sede de la entidad, que fue atendida por la directora Regional y la coordinadora Jurídica. Con la inspección, la Procuraduría realizará un informe de los hallazgos, que será remitido a la Regional Risaralda para los fines disciplinarios de su competencia.
El Ministerio Público continuará atento a las acciones desplegadas por el ICBF y las autoridades territoriales, a fin de velar por la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas ubicados en el hogar comunitario.
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