Judicializados siete implicados en actos de corrupción en la Alcaldía de Pereira

Los procesados se habrían apropiado de cerca de 2.000 millones de pesos, mediante el pago ilegal de cesantías.   

Ante un juez de control de garantías fueron judicializadas siete personas quienes, al parecer, serían responsables de incurrir en actos de corrupción con recursos de la Alcaldía de Pereira. Presuntamente, los procesados se apropiaron de cerca de 2.000 millones de pesos representados en cesantías de distintos empleados.   

Se trata de los servidores públicos Sandra Milena Ramírez Trujillo, auxiliar de nómina de la Alcaldía; Leonardo Fabio Muñoz Flórez y Alexander Sanclemente Pazos, ambos auxiliar administrativo; el trabajador oficial José David Monroy Mosquera; además de los exservidores públicos Orlando Rodríguez Marín, Alejandro Arbeláez Castañeda y Jakelín Velásquez Ocampo.    

Según la investigación, desde noviembre de 2013 y hasta febrero de 2021, funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pereira se habrían concertado para sustraer recursos desde el Fondo de Cesantías.   

Estas acciones se habrían concretado, al parecer, mediante la expedición de resoluciones de pago en las que eran liquidadas cesantías a nombre de distintas personas con valores que no correspondían a los reales. Estas acciones ilegales habrían sido cometidas en por lo menos 46 oportunidades.   

Se cree además que los procedimientos ilícitos fueron alcanzados induciendo al engaño a funcionarios de nivel superior para que aprobaran con sus firmas los respectivos procesos administrativos.    

Por estos hechos el ente acusador imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, delitos como peculado por apropiación y obtención de documento público falso.     

Pese a que la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento en contra de los procesados, los jueces de control de garantías que en dos diligencias distintas consideraron que no se configuraban las condiciones para ordenar la medida de aseguramiento, y dispusieron que los investigados continúen vinculados al proceso en libertad.  Esta decisión fue apelada por la Fiscalía.