Luego de ser presentado el decreto 575 del 28 de mayo, expedido por el Ministerio del Interior, en el que se ordena a los mandatarios municipales y departamentales el “máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional”, el secretario de gobierno de Risaralda, Israel Londoño, manifestó que en el departamento sí se van a evitar los bloqueos pero se priorizará el diálogo con todos los sectores.
Además, señaló que, si bien es importante reforzar la seguridad en algunos sectores, no van a militarizar las calles y «no vamos a renunciar nunca a ese diálogo con manifestantes que exteriorizan su inconformidad por alguna razón; por eso, seguiremos apoyando el diálogo y la concertación».
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Entre tanto, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, explicó que ese decreto no está por encima de los tratados que defienden los derechos humanos de la ciudadanía; además, señaló que desde el Ministerio Público van a seguir recibiendo las denuncias e investigando los hechos de exceso de fuerza por parte de los uniformados.
Es importante resaltar que, según ese mismo decreto del Gobierno Nacional, los mandatarios que no lo apliquen pueden ser sancionados; no obstante, la Presidencia no tiene poder de sanción; las sanciones dependen de los organismos de control como la Procuraduría.
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