La Fiscalía General de la Nación ya judicializó a Carlos Guillermo Suárez Escobar, por presuntas irregularidades en su participación como contratista en la construcción de la Avenida de los Colibríes en Pereira, que inició entre marzo y abril de 2021 y se extendió hasta diciembre de 2023.
El hombre fue imputado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El proyecto contemplaba una obra de 3.400 metros, por un valor superior a 32.037 millones de pesos. Los elementos de prueba presentados por un fiscal de Administración Pública, adscrito a la Seccional Risaralda, revelan que el presupuesto no estaba asignado y, sin embargo, el contrato fue celebrado.
El material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió determinar que el ahora investigado, al parecer, participó en la entrega de actas de obras parciales e imprecisas.
Además, habría materializado la solicitud verbal hecha por la administración municipal para hacer cambios al trazado que no estaban contemplados en la licitación, con los cuales se pasaba de cuatro a seis carriles y la ubicación subterráneamente de redes eléctricas. Esto motivó adiciones presupuestales por 20.300 millones que se desembolsaron sin que fuera ejecutada la obra. Lo anterior generó un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos
Por otro lado, se presume que ante la demora de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) frente a la expedición de permisos ambientales para la obra, los ahora procesados, al parecer, hicieron un pago ilegal de 100 millones de pesos con el fin de acelerar el proceso. Con esta conducta, el interventor habría autorizado pagos por trabajos no ejecutados para la empresa de Suárez Escobar.
Atendiendo a la solicitud del fiscal un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario para Carlos Guillermo Suárez Escobar.
Por estos mismos hechos, el exalcalde de Pereira Carlos Alberto Maya López; el exsecretario de infraestructura Milton Hurtado García; así como los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal fueron privados de la libertad en centro carcelario. El constructor José Gabriel Vargas Carvajal fue dejado en libertad pero continúa vinculado al proceso.
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