Este jueves se llevó a cabo el primer Consejo Territorial de Seguridad Vial en el Quindío, donde se analizaron las circunstancias del trágico siniestro vial ocurrido el pasado 24 de mayo en el puente Helicoidal. Al encuentro asistieron representantes de las autoridades viales y delegados de las alcaldías de Armenia, Filandia, Calarcá, La Tebaida, Córdoba, entre otras.
Al respecto, Francisco Taborda, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte, reveló que existen constataciones preliminares que permiten confirmar serias irregularidades en la contratación del vehículo involucrado en el siniestro vial.
“Hay algunas constataciones preliminares, que permiten confirmar que el vehículo con el que se prestó el servicio, en el que desafortunadamente se presentó este siniestro vial, con los resultados lamentables que conocemos, no era el vehículo que había sido contratado”.
Indicó también, que en principio, se mencionó a una empresa de Armenia, pero hasta ahora no se ha comprobado que existe un contrato formal entre esta empresa y la Universidad Alexander Von Humboldt, como lo exige la ley. Tampoco se ha verificado que el vehículo reportado para prestar el servicio fuera el que finalmente lo hizo.
Según Taborda, el autobús que transportaba a los estudiantes pertenece a una empresa de transportes de Cúcuta, con la que tampoco se ha demostrado la existencia de un convenio empresarial que justificara la subcontratación. “El domicilio registrado de esa empresa en Cúcuta no corresponde a una sede comercial, sino a una vivienda familiar. Además, los funcionarios enviados para verificar la información no fueron atendidos en el lugar”.
Por otra parte, durante el Comité de Seguridad Vial se planteó la necesidad de realizar nuevas verificaciones técnicas en el tramo exacto donde ocurrió el siniestro, en coordinación con Invías y el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. También se acordó programar reuniones en Cajamarca (Tolima), donde se han reportado situaciones similares.
“El alcalde de Cajamarca ha solicitado nuestra presencia, ya que el municipio no cuenta con un organismo de tránsito. Está pidiendo acompañamiento del Ministerio de Transporte y de la Gobernación del Tolima para crear una entidad que le permita hacer frente a los crecientes casos de siniestralidad vial que también se presentan del otro lado de La Línea”, explicó el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio.
Taborda recalcó que el problema no es la falta de normas, sino su cumplimiento: “Estamos llenos de normas, el deber legal de las universidades y centros educativos de tener un Plan Estratégico de Seguridad Vial es absolutamente claro, y en este caso, no está reportado. Eso deberá ser respondido por la Universidad Alexander Von Humboldt ante la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, al que también solicitaremos su intervención”.
El funcionario enfatizó que si se hubieran tomado medidas preventivas con mayor anticipación, probablemente se habría evitado el siniestro. Asimismo, explicó que la determinación de responsabilidades recae en las entidades competentes: la Superintendencia de Transporte, los ministerios involucrados y, en el ámbito penal, la Fiscalía General de la Nación.
Taborda dijo además, que a la Fiscalía se le entregará toda la información recolectada, incluida aquella con carácter reservado, “se le puede trasladar porque va a desarrollar un asunto de carácter penal a quien no le podemos oponer reserva”.
El informe se remitirá a las entidades pertinentes, y se hará seguimiento a sus conclusiones. Precisamente por eso estamos hoy en Armenia, para presentar los hallazgos y mantener el diálogo entre las autoridades nacionales, territoriales y regionales, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial y funcionarios del Ministerio, Invías y otras instancias involucradas.
Taborda también se refirió a las explicaciones técnicas presentadas por Invías y la firma interventora, quienes argumentaron que no es procedente un cambio en el sentido vial en el sector donde ocurrió el siniestro.
“En los siniestros y en los accidentes viales —que no son lo mismo— existe multicausalidad. No se pueden atribuir los hechos a un solo factor o actor vial. Las investigaciones deben enfocarse en identificar esa multiplicidad de causas que confluyen en este tipo de eventos. Por eso hacemos un llamado a la mesura: no podemos apresurarnos a señalar culpables”, sostuvo.
Reiteró que este es un informe apenas preliminar, que ya tiene unos alcances porque la Superintendencia de Transporte se lo dio: “Primero, que no hubo un reporte del plan de seguridad vial por parte de la universidad; segundo, que hasta el momento no hay prueba de un contrato; tercero, tampoco hay la prueba de un convenio empresarial que permita establecer si hubo el procedimiento adecuado entre la empresa de Armenia que inicialmente estaba previsto que prestara el servicio y la que lo prestó finalmente, que fue la empresa de Cúcuta”.
“Por su puesto cada uno, cada entidad, cada persona jurídica o natural que está involucrada en el siniestro, tendrá que dar las explicaciones ante los organismos competentes, trátese el conductor en materia penal, porque se van a iniciar un proceso penal por homicidio culposo y la universidad como entidad privada que también tendrá que dar las explicaciones administrativas y las que corresponde según algún haya tipo de actividad judicial frente a ella ante los organismos competentes”, concluyó Taborda.
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