Reactivada ‘Alianza Contra el Fraude de Servicios Públicos’

Buscando contrarrestar los hurtos y demás afectaciones a las infraestructuras de servicios públicos se reactivó la ‘Alianza Contra el Fraude’.

De la iniciativa, puesta en marcha desde 2014, hacen parte la Policía Nacional; la Empresa de Energía del Quindío, Edeq; las Empresas Públicas de Armenia, EPA; Empresas Públicas del Quindío, EPQ; Efigas; y Empresas Públicas de Calarcá, Emca.

Al respecto el gerente de la Edeq, Jorge Iván Grisales Salazar, precisó que se trata de una estrategia conjunta ya que la delincuencia ha venido generando inconvenientes en las diferentes empresas que operan en el Quindío.

“Buscamos así que entre todos y con el apoyo de la comunidad se puedan evitar los hurtos, ya que no solo se afecta a las empresas, pues en últimas los más perjudicados son los usuarios”, sostuvo.

 

El impacto en la infraestructura de gas

 

El hurto en la infraestructura de gas se concentra en el hurto de los medidores que motivan emergencias, afectan el suministro del servicio para la comunidad y el usuario se ve impactado por la compra de un nuevo medidor, que tiene un costo aproximado de $300.000.

En el Eje Cafetero las zonas que presentan una mayor afectación son Santa Rosa, Pereira, Dosquebradas y Armenia. Desde enero hasta el 22 de agosto de 2022 han sido hurtados 265 medidores de gas, de los cuales 210 se concentran en Armenia, 26 en Calarcá, 12 en La Tebaida, 10 en Quimbaya, 4 en Montenegro y 3 en Circasia.

 

El impacto en la infraestructura de energía

 

Durante 2021 y 2022 se identificaron más de 50 hurtos de infraestructura eléctrica, siento el hurto de infraestructura subterránea y las acometidas de los usuarios los delitos más frecuentes.

En el caso de la infraestructura del servicio de energía se presentan dos modalidades de hurto, una el hurto realizado por habitantes de calle que ingresan a altas horas de la noche a las cámaras subterráneas y hurtan el cable, poniendo en alto riesgo su vida al realizar estas acciones y la otra es la realizada por personal calificado que suplanta a empresas de telecomunicaciones para tener acceso a la infraestructura eléctrica y a través de técnicas realizan el cambio de la infraestructura eléctrica por una de menores capacidades y especificaciones. Esta situación pone en riesgo la vida de las personas que realizan las acciones e impacta la calidad del servicio de los usuarios que están conectados a esa infraestructura.

 

El impacto en la infraestructura de acueducto y alcantarillado

 

Las Empresas Públicas de Calarcá han registrado incremento en el hurto de medidores que ha generado grandes pérdidas de agua potable, mientras el personal atiende y soluciona el daño, situación que impacta el disfrute del servicio vital por parte de los ciudadanos, y la compra de un nuevo medidor por parte de los usuarios, por lo que Emca está migrando a medidores plásticos de tecnología avanzada e instalando cajas de protección y brazaletes de seguridad, que ayudan a prevenir notablemente su hurto. En el caso del hurto de rejillas de los sumideros de alcantarillado es un riesgo público por el impacto para la salud de los transeúntes, motos y vehículos.

En el caso de Empresas Públicas de Armenia, EPA, el hurto de medidores ha sido de 1.793 unidades, de los cuales 279 fueron hurtados en 2020, 1.103 en 2021 y 411 en lo corrido de 2022.

Así mismo, a la fecha se han instalado 48 tapas de alcantarilla que se han reemplazado por tapas de plástico, una alternativa menos atractiva para los presuntos delincuentes, pero con la mala suerte que muchas de estas han sufrido ataques con fuego.

 

Los delitos más comunes

 

El hurto de medidores de agua y gas, tapas y acometidas de energía se constituyen en los elementos que más afectación presentan con en este flagelo y según el código penal estas acciones se configuran como delito y está tipificado como “Defraudación de fluidos: este delito se configura cuando una persona mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o medidores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones. El delito se establece como un agravante, cuando se afecta el capital público y la pena puede aumentar de 16 a 72 meses”.

“Hurto de infraestructura eléctrica: los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal establecen que cuando el hurto se da frente a elementos destinados a comunicaciones, generación energía y gas, acueducto y alcantarillado la pena es de 5 a 12 años, cuando el hurto lo comenten 2 o más personas se considera un hurto calificado y puede dar pena de 6 a 18 años”.

“Daño en bien ajeno: la ley establece que este delito se tipifica cuando una persona destruye o damnifica un bien ajeno, mueble o inmueble y tiene una pena de 16 a 90 meses”.

“Receptación: la ley establece que las personas que sin participar en la comisión del delito adquieran o posean bienes muebles o inmuebles, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. De igual manera, en el artículo 45 de la Ley 1142 de 2007, se establece un agravante, cuando la receptación tiene que ver con equipos terminales móviles e infraestructura de servicios públicos, la pena será de 6 a 13 años de prisión”.

“Apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados: el artículo 327 del código penal establece que el apoderarse de hidrocarburos y sus derivados puede generar una pena entre 8 y 15 años”.

 

Denunciar y promover la cultura de la legalidad, deberes ciudadanos

 

La Policía Nacional y las empresas de servicios públicos invitan a los ciudadanos a comprar insumos en tiendas especializadas en las que se asegura el origen del material, puesto que la compra de material en lugares no autorizados es material chatarrizado y proviene del hurto de infraestructura de empresas de servicios públicos como medidores, rejillas, tapas de alcantarillas, entre otros.

Así, la Alianza contra el fraude invita a los ciudadanos a reportar cualquier acto sospechoso en la infraestructura de servicios públicos a las líneas:

 

EDEQ: 115

EPA: 116

EFIGAS: 164

EMCA: 3218015978

Policía Nacional: 123