La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó la terminación y archivo de la investigación iniciada contra el exgobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá y seis personas más, acusados de violar el régimen de inhabilidades tras contratar la alimentación de pacientes en los hospitales San Juan de Dios y La Misericordia con la fundación Shambalá.
La investigación se había iniciado por un anónimo que llegó a la Procuraduría y pedía sancionar no solo al exgobernador Osorio, sino al exalcalde (q.e.p.d.) Carlos Mario Álvarez, a los exgerentes de los hospitales de Armenia Jaime Gallego y de Calarcá Leonardo Quiceno, como a los funcionarios de la alcaldía de Armenia Juan Sebastián Londoño, Lina Paola Hernández Jaramillo y James Cañas Rendón.
El libelo denunciante argumentaba que se habían hecho contratos con los dos hospitales y con la alcaldía de Armenia por parte de la Fundación Shambalá, que dirigía el exsacerdote Darío Ospina, quien había inscrito la candidatura del padre Carlos Eduardo Osorio a la gobernación del Quindío; y con la Fundación Faro, de la que el exgobernador Osorio había sido miembro de la junta directiva. Consigna la denuncia que Osorio estaba inhabilitado por ser presidente de las juntas directivas de los dos hospitales, y tener la condición de exmiembro de las juntas de Faro y Shambalá.
La Procuraduría sostuvo en su investigación que no solo no hubo ningún soporte en las demandas, sino que no hay causales legales de inhabilidad porque el padre Osorio Buriticá había renunciado desde el año 2014 a dichas juntas directivas, por una parte, y no aparecía firmando ninguno de los contratos en cuestión.
“El escrito anónimo obrante a folios 1 a 6 no fue acompañado de ningún soporte documental ni de otro tipo, lo cual impedía que con fundamento en el mismo se ordenara el inicio de la acción disciplinaria; porque en el material probatorio incorporado al proceso no existe ninguna prueba que acredite la existencia de un tráfico de influencias ejecutado por el Gobernador frente a los Gerentes de la E.S.E., Hospital La Misericordia del Municipio de Calarcá, la E.S.E., Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios o la Alcaldía Municipal de Armenia; porque aunque en él anónimo se afirmó que los contratos adjudicados a la fundación Shambala, lo debieron haber sido a través de actuaciones «contrarias a la ley» y en «contravía del principio de transparencia, selección objetiva, legalidad», no precisó ni expuso de qué manera fueron vulnerados esos principios; porque aunque en el anónimo se indicó que se estaba ante «un carrusel de la contratación, a través de fundaciones, que sólo permiten el lucro del Gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá, de su amigo personal y candidato a la próxima Gobernación, Darío Ospina, así como del grupo político de la señora Luz Piedad Valencia Franco, que están desangrando el departamento del Quindío y el municipio de Armenia, para pagar campañas políticas y enriquecer al señor Pacho Valencia, esposo de la ex burgomaestre», no aportó prueba alguna que diera cuenta o permitiera inferir que el señor CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA en su condición de Gobernador, se estaba lucrando de los contratos firmados por las fundaciones varias veces mencionadas; y porque no se observó la existencia de una causal de inhabilidad que se hubiera materializado al momento de la celebración de los bilaterales mencionados a los largo del presente auto”, sostiene la sentencia de la Procuraduría.
Las otras seis personas implicadas en el caso también fueron exoneradas, terminada la investigación y archivada.