Se cumplió el lanzamiento del informe Justicia Cómo Vamos, una iniciativa de la Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona, Red de Ciudades Cómo Vamos y la Corporación Excelencia en la Justicia-CEJ, que monitorea y hace seguimiento al conocimiento, acceso y calidad de la justicia en las ciudades de Colombia para conocer el estado actual del sistema de justicia local y contribuir a una mejor toma de decisiones.
La situación de la justicia es una de las principales preocupaciones en el país, dada la importancia que representa para el desarrollo sostenible de la sociedad, para la resolución de conflictos pacíficamente y para el goce y la protección integral de los derechos.
Como se sabe, el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos esenciales y básicos para el buen desarrollo de la ciudadanía, y una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cuyo fortalecimiento debe permitir un acceso equitativo, eficiente, eficaz y oportuno para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Frente a este contexto, el proyecto Justicia Cómo Vamos se enfocó en realizar un diagnóstico sobre el conocimiento, acceso y percepción general de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la justicia en ciudades de Colombia.
El estudio permite conocer aspectos críticos para acercar la justicia a los ciudadanos en el marco de un Estado de derecho, y contribuir al fortalecimiento de la planeación, gestión y financiación del sistema de justicia a nivel local
El informe incluye información recolectada entre los años 2018 y 2019, de 17 municipios del país pertenecientes a la Red de Ciudades Cómo Vamos, tales como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Piedecuesta, Socorro, Yumbo y Zipaquirá, en el cual se evidencian las más importantes problemáticas de la justicia a nivel territorial.
Sobre dicha iniciativa, Luis Sáenz, Coordinador nacional de la Red de Ciudades Cómo Vamos afirmó que “Justicia Cómo Vamos, ofrece una herramienta para conocer y comprender los retos de la justicia local y, a través de la información y evidencia, contribuir a fortalecer la gestión de las entidades de la justicia bajo principios de justicia abierta.
Los resultados de este informe ponen en evidencia los retos que tenemos en nuestras ciudades para garantizar que la justicia llegue a todos los ciudadanos con la misma oportunidad y que el funcionamiento y confianza en las mismas se fortalezca.”
La falta de confianza y la ineficiencia del sistema son una de las principales razones por las cuales las personas no acuden a la justicia para resolver sus conflictos.
De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, el 43% de los encuestados piensa que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia al considerarlo lento, además 3 de cada 10 ciudadanos consideran que la ciudadanía no acude al sistema de justicia debido a que no hay confianza en las entidades.
Por otro lado, el 52% de los ciudadanos prefiere resolver sus conflictos por su “propia cuenta” y no acude ante algún tercero o entidad para esos propósitos.
Adicionalmente, el desconocimiento de las entidades que componen el sistema de resolución de controversias a nivel local afecta e influye en el debido acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
En promedio, del 42% al 53% de los ciudadanos no conoce los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14% al 26% de los encuestados no conoce las comisarías de familia, juzgados, fiscalía o las inspecciones de policía y un 89% de los ciudadanos encuestados conoce las estaciones de policía o CAI.
La cantidad y calidad de la infraestructura física es uno de los principales retos que enfrentan las entidades de la justicia local, lo cual influye y afecta la calidad del servicio y la percepción de los ciudadanos.
De las ciudades estudiadas varias deficiencias en la infraestructura física para la prestación de los servicios que se manifiestan en espacios reducidos o insuficiente número de puestos de trabajo. El hacinamiento carcelario es el principal obstáculo para la resocialización de los internos que, aunado a la carente prestación de servicios esenciales dentro de los establecimientos carcelarios, configuran un detonante para fenómenos como la reincidencia.
Dice que en la mayoría de las ciudades se manifestaron dificultades operativas por la falta de personal de planta, limitaciones del recurso humano de apoyo asignado y excesiva rotación del personal.
De las 17 ciudades y municipios de la ed que fueron examinadas, las comisarías de familia cuentan mínimo con un comisario(a), un trabajador(a) social y un psicólogo(a); en algunas de ellas este personal no es fijo y no presta sus servicios de manera continua durante todo el año, siendo insuficiente para la carga de trabajo existente.
Agrega que las entidades de justicia a nivel local son apéndices de las alcaldías, pero reciben poca priorización y recursos financieros para su funcionamiento, aun cuando son parte integral de la estructura administrativa local.
En la mayoría de las ciudades analizadas las comisarías no incorporan en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) o en el presupuesto del municipio, careciendo de un rubro que permita un efectivo funcionamiento de las mismas.
Por otro lado, algunos municipios señalaron que hubo un presupuesto para las inspecciones de policía, aunque varios especificaron que fue un presupuesto compartido, destinado también para las casas de justicia y las comisarías de familia.
Anota que el sistema de justicia presenta dificultades de articulación, entre las entidades a nivel local y las instituciones de orden nacional, lo cual afecta la prestación de un servicio eficaz y de calidad.
Con relación a las comisarías de familia, se evidencia una desarticulación interinstitucional con Policía Nacional, Fiscalía e ICBF, dado que carecen de acceso permanente a la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), operado por la Fiscalía, lo cual dificulta el trámite de las denuncias.
Se evidencian retos en el uso de recursos tecnológicos que no sólo afecta el acceso a la información de la gestión de las entidades locales, sino que presenta limitaciones para una prestación más eficaz y ágil de la justicia.
En las instituciones del sistema de justicia a nivel local se evidencia la falencia y falta de herramientas tecnológicas que les permitan prestar sus servicios con mayor eficiencia, eficacia y calidad. De igual forma, la carencia de recurso humano impide que dichas entidades tengan un contacto más efectivo y permanente con el ciudadano, lo que genera, la imposibilidad de ejercer control sobre los procesos que se adelantan en cada una de las instituciones (rendición de cuentas).
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