El gobierno de James Padilla García enfrenta una de las mayores crisis de descontento ciudadano en Armenia. La indignación ha alcanzado niveles sin precedentes tras el abrupto y desmedido aumento en el cobro del impuesto predial, que en algunos casos superó el 100% de lo que los contribuyentes pagaban en años anteriores. Miles de ciudadanos salieron a las calles el miércoles 19 de febrero en una multitudinaria protesta que inició en el parque Fundadores y finalizó en el Centro Administrativo Municipal (CAM), donde exigieron explicaciones y soluciones inmediatas a lo que consideran un abuso de la administración municipal.
Las pancartas que se alzaron en la marcha expresaban el drama que viven muchas familias cuyabras: “Hay que vender la casa para pagar el predial”, “Padilla nos está ahogando” y “No más impuestos desproporcionados”. Los ciudadanos denuncian que el incremento es arbitrario y que no se socializó de manera adecuada, dejando a muchas familias en una situación crítica en medio de una economía golpeada por el desempleo y la inflación.
“Nos dicen que el impuesto debía subir máximo el IPC más ocho puntos, pero nos encontramos con aumentos de más del 100%. En mi caso, pagaba 500 mil pesos y ahora me exigen más de un millón. Esto es inaceptable”, dijo al medio Quindío Noticias un ciudadano afectado. Otro manifestante agregó: “La administración está diciendo que hay descuentos por pronto pago, pero al hacer los cálculos nos damos cuenta de que no es así. Nos engañan con cifras maquilladas”.
La justificación de la Alcaldía de Armenia es que el incremento responde a la actualización catastral realizada en 2022 y que la administración de James Padilla simplemente está cumpliendo con la norma. Sin embargo, los ciudadanos han presentado fuertes críticas, argumentando que el cobro no solo es desproporcionado, sino que podría ser ilegal al no cumplir con los principios de equidad y proporcionalidad exigidos por la Ley 44 de 1990 y el Estatuto Tributario Municipal de Armenia.
De acuerdo con el Decreto 1333 de 1986, la administración municipal tiene la potestad de fijar las tarifas del impuesto predial, pero estas deben respetar un rango entre el 1 y el 16 por mil del avalúo catastral. En muchos casos, ciudadanos han denunciado que el incremento no corresponde a una justa aplicación de la norma, sino a un afán desmedido de recaudo por parte de la administración.
Uno de los aspectos más controvertidos es la falta de transparencia en los supuestos “descuentos” por pronto pago. Residentes del conjunto Britania Apartamentos realizaron un análisis detallado con más de 50 recibos y encontraron que, en la práctica, no se aplicó ningún descuento real. “Multiplicamos el avalúo por el factor según el estrato y lo dividimos por 1.000, y nos dio exactamente el mismo valor que aparece en el recibo como si tuviera descuento. Aquí no hay ningún beneficio, es una mentira más de esta administración”, indicó un ciudadano afectado.
James Padilla, el blanco de las críticas
El alcalde James Padilla García ha intentado justificar el aumento alegando que “hay una explicación lógica, técnica, jurídica y legal” y que su administración solo está “cumpliendo la norma”. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo y enojo por la comunidad, que lo responsabiliza directamente del alza tributaria en la ciudad.
“Esta es una decisión política, no técnica. Si de verdad hubiera voluntad, el alcalde podría haber presentado una propuesta para un reajuste progresivo y no este golpe brutal a la economía de las familias”, expresó un experto en derecho tributario consultado por Quindío Noticias.
Como paliativo a la crisis, el mandatario anunció la ampliación del plazo con descuento para el pago del impuesto predial, pero los ciudadanos consideran que esto no soluciona el problema de fondo. “No nos está dando ningún beneficio real. Lo que necesitamos es una reducción del cobro, no más plazos para pagar lo que no tenemos”, señaló una de las manifestantes.
En un intento por calmar los ánimos, Padilla también anunció que presentará un acuerdo ante el Concejo Municipal para que los adultos mayores de 60 años en estratos 1, 2 y 3 puedan ser exonerados del impuesto por un único inmueble. No obstante, esta medida es insuficiente para los miles de ciudadanos que han visto duplicados sus cobros.
Mientras la administración de James Padilla se escuda en argumentos legales, los ciudadanos continúan manifestándose y exigiendo un reajuste justo y equitativo en los cobros. La pregunta que queda en el aire es si el alcalde estará dispuesto a escuchar a la comunidad y a corregir el rumbo antes de que el descontento social se convierta en una crisis aún mayor.
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