El Barranquero vive: el bosque que destruyen por falta de autoridad ambiental

Por Néstor Ocampo

Los daños causados al Bosque urbano “El Barranquero” en Salento (oct. 29 de 2022), son una muestra más de la inutilidad de la CRQ y la administración municipal como “autoridades” para la protección de la naturaleza, la vida y el interés común. Necesitamos otro tipo de entidades ambientales y administrativas, otras normas ambientales y otros funcionarios públicos, idóneos y conscientes de su deber, para poder enfrentar la compleja crisis ambiental que ya se siente en el Quindío. Entidades y autoridades que promuevan y reconozcan la participación ciudadana en el cuidado del territorio en lugar de agredir y desconocer a quienes, como Guillermo Gonzáles Arias (Don Guillo) guardián del bosque, y otras personas, tratan de hacer algo en defensa de la vida.

La respuesta de las “autoridades” ambientales, administrativas y gubernamentales, ha sido la misma actitud favorecedora, complaciente y permisiva que ha facilitado a la multinacional Smurfit Kappa Group (durante 35 años), y a otras multinacionales extranjeras de Chile y Perú (durante 6 años), dañar nuestros ecosistemas sembrando “desiertos verdes” de pinos y eucaliptos o inmensos cultivos comerciales de aguacate Hass para el comercio internacional, desplazando a nuestros campesinos, acabando con la diversidad biológica, estableciéndose en la parte alta de cuencas hidrográficas que nos surten de agua, en áreas protegidas, quitándonos parte del agua y contaminado el resto.

Es la actitud que también mantienen ante quienes promueven el turismo depredador y consumista que consume nuestros “recursos naturales”, nos consume a nosotros como “recursos humanos” y consume nuestras infraestructuras de servicios públicos; o ante quienes urbanizan abusivamente y sin control el campo y la ciudad; o ante quienes convierten al Quindío en granjas avícolas y porcícolas desconociendo normas ambientales y de ordenamiento territorial; o ante empresas que promueven proyectos de generación eléctrica (PCHs) o de conducción eléctrica (Proyecto UPME-02-2009) que no necesitamos; o ante empresas mineras de todo tipo; o ante empresas públicas y privadas que abusan con servicios públicos como acueducto, alcantarillado y recolección y disposición final de basuras. Esa actitud complaciente, incapaz de promover y proteger el bien común, es la que nos ha conducido a la situación de crisis ambiental y social que vive el territorio. 

Para enfrentar esta situación necesitamos una CIUDADANÍA EN MARCHA, en las calles y dentro del Estado, trabajando por los cambios que se requieren.