Este miércoles se desarrolló un nuevo Comité de Seguimiento Carcelario y Penitenciario del Quindío, liderado por la Secretaría del Interior, con el fin de analizar la grave situación que atraviesa la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, señalada en alertas recientes por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Durante la sesión, se socializaron los hallazgos de las visitas técnicas realizadas por la Secretaría de Salud departamental, los cuales confirman preocupantes deficiencias en las condiciones de salubridad y atención médica de la población privada de la libertad. Así mismo, delegados de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) expusieron el panorama contractual del personal de salud encargado de la atención dentro del centro carcelario.
El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, explicó que ya se han tomado medidas para atender algunas de las problemáticas más urgentes: “El problema de agua potable ya fue solucionado. En cuanto a salud, vamos a implementar un plan de contingencia para ponernos al día tanto con las urgencias como con las citas pendientes con especialistas”, indicó.
Pérez también se refirió a la posibilidad de un eventual cierre del penal, señalando que por ahora se descarta dicha medida: “Un cierre sería un problema muy negativo para el departamento, pues no hay capacidad para trasladar a los internos. La reunión fue fructífera, y se fijó un corte al 21 de mayo para evaluar el avance en los compromisos adquiridos”.
Las autoridades aseguran que continuarán con el acompañamiento y monitoreo al centro penitenciario, con el fin de responder a los requerimientos establecidos en la circular emitida por los entes de control.
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